A la mujer se le redujo la sentencia original.

TEXCOCO, Méx.- 18 DE NOVIEMBRE 2016.- El asesino confeso de una joven, quien actuó en complicidad con su pareja sentimental, así como con empleados de un banco para saquear la cuenta de la mujer, producto de una herencia, fue liberado por autoridades estatales luego de un supuesto error técnico durante el proceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio del 2007, cuando Paloma Aviña Torres, de 26 años, hija de Javier Aviña, fue asesinada a balazos dentro del negocio de su padre, junto con un empleado identificado como Apolinar Mendoza Romero.

Familiares de la víctima narraron a este medio de comunicación que la joven, quien un año antes de su muerte se había recibido como Licenciada en Administración, recibió 8 días antes, el 3 de julio, una cantidad aproximada a los seis millones de pesos, de parte de su padre, quien se lo había prometido para independizarse luego de abandonarla durante varios años.

Durante las investigaciones se demostró que la ejecutivo de cuenta de la sucursal de Scotiabank, ubicada en plaza Morena, en Texcoco, Silvia Borbolla Sandoval, y el gerente, Víctor Daniel Cedillo Solís, avisaron sobre el movimiento millonario a Guadalupe Aviña, sobrina de Javier y quien también fue su pareja sentimental, así como a Brenda Elena Aviña Yañez, hija de Guadalupe y quien fue reconocida como hija de Javier mediante engaños.

Un día después, según información oficial, Guadalupe, en complicidad con su hermano Rudi Javier, se comunicó con Jesús Rojano Eguiluz, ex policía ministerial y pareja sentimental de ella, quien se dedicaba al robo y venta de auto partes, esto, con la finalidad de planear el ataque contra Paloma, a quien pensaban secuestrar y torturar antes de matarla.

El día 11 de julio de aquel año, Rojano, quien recibió un pago de 200 mil pesos por el asesinato, acudió junto con otro cómplice al negocio de muebles del padre de Paloma, ubicado sobre el kilómetro 27 de la carretera México-Texcoco, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en San Vicente Chicoloapan, donde la joven y Apolinar se encontraban trabajando y fueron víctimas de los asesinos.

Afirmaron que días después de los hechos, la cuenta de la víctima fue vaciada y tanto el gerente como la empleada del banco desaparecieron, sin que hasta el momento se haya aclarado esta situación.

Posteriormente, durante las investigaciones, se confirmó que personal de la Fiscalía de Asuntos Especiales recibió una cantidad aproximada al millón y medio de pesos para detener la investigación, pero finalmente arrojó como responsable a Guadalupe, quien fue detenida el 18 de enero de 2011 y consignada en marzo del mismo año, para después ser sentenciada a 70 años de prisión.

Mencionaron que luego de que el Ministerio Público encargado de la averiguación consignara a Guadalupe, se realizó un cateo en la casa de Jesús Rojano, ubicada en calle Pino, de la colonia San José, en Chicoloapan, encontrando dos autos con reporte de robo en la Ciudad de México, hecho que nunca fue reportado a las autoridades capitalinas.

Sobre  el probable cómplice del autor material del crimen, solo se informó que es una persona allegada a él y que tenía en ese entonces un lote de autos en Chimalhuacán, posteriormente trasladado al fraccionamiento El Tejocote, en Texcoco.

Subrayaron los denunciantes que una vez asegurado Rojano, en septiembre de 2012, fue sometido a proceso por el asesinato de ambas personas; tiempo durante el cual estuvo recluido en un penal de Texcoco, hasta que el 8 de septiembre de este año salió libre por un supuesto error técnico originado durante el proceso.

También dijeron que a Guadalupe se le redujo la sentencia, la cual se encuentra bajo la causa 105/11 en el Juzgado Primero Penal de Texcoco, de 70 a 53 años, esto luego de apelar a su favor ya que argumentó que ella no sabía de la presencia del empleado al momento del crimen.

Asimismo dijeron que recibe muchos beneficios al pagar dinero a personal del centro penitenciario donde se dedica a vender tarjetas telefónicas a las demás internas.

Según contaron, los bienes de Javier Aviña, quien falleció en 2014 debido a complicaciones originadas por la diabetes, entre ellas la ceguera, fueron apropiados por Brenda, la supuesta hija, quien antes de que muriera lo engañó nuevamente para que le cediera sus propiedades.

Ante esto, la madre y familiares de Paloma temen por su seguridad, ya que durante el proceso fueron amenazadas y ahora que el sujeto está libre, temen que se atente contra su seguridad o la de los suyos.

Asimismo esperan en que las autoridades reconsideren su fallo y actúen contra este sujeto, así como contra los empleados bancarios que llevan 4 años prófugos y quienes fueron la pieza fundamental para que el asesinato de la joven se cometiera.