Tío y sobrino, identificados como Saúl Cervantes, de 28 años, y Alejandro Fuentes, de 63, permanecen recluidos desde hace tres años y siete meses, pese a que, según sus familiares, su caso está marcado por irregularidades, presuntas inconsistencias procesales y lo que consideran una fabricación de delitos por parte de autoridades de justicia del Estado de México.
Ambos fueron detenidos de manera arbitraria el 12 de abril de 2022 en Ecatepec, acusados del delito de daños a la salud, sin embargo, durante la audiencia inicial un juez de control decretó su inmediata libertad al no acreditarse su participación en los hechos señalados.
Pese a ello relatan sus familiares, mientras aún se encontraban bajo custodia en Ecatepec, la Fiscalía de Tlalnepantla habría obtenido una nueva orden de aprehensión por un expediente distinto, la familia asegura que dicha orden nunca les fue mostrada y que, con base en ella, ambos fueron trasladados al Penal de Barrientos, donde ingresaron el 16 de abril de 2022.
El 22 de ese mismo mes inició el proceso judicial que desde entonces, según denuncian, ha estado lleno de contradicciones y decisiones que consideran injustificadas, afirman que la Fiscalía de Tlalnepantla buscaba “poner rostro y nombre” a carpetas sin detenidos, y que en un primer juicio Saúl y Alejandro recibieron una sentencia de 17 años y 7 meses.
La defensa presentó apelación, pero el Tribunal de Alzada sólo redujo la pena a 14 años, por lo que procedieron al recurso de amparo.
El amparo fue concedido y se ordenó la reposición del juicio, abriendo nuevamente el expediente.
Durante el nuevo proceso, la agente del Ministerio Público Roxana Paola Ibarra Ramos, responsable tanto del primer juicio como del actual, presentó pruebas que, según la defensa y la familia, no acreditaban la participación de los acusados en el delito que ahora se les imputa, robo a cajero automático con agravante, en contra de Banco Azteca.
Las audiencias se desarrollaron del 10 al 14 de noviembre de 2025, aun así, el juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Gildardo Fernández Cáceres, emitió nuevamente una sentencia condenatoria de 17 años y 7 meses de prisión, de acuerdo con los familiares, la resolución se sostuvo principalmente en un reconocimiento que consideran falso y en pruebas que, a su juicio, no demuestran la participación de Saúl y Alejandro.
La defensa prepara nuevos recursos legales para impugnar la sentencia y solicitar que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas durante todo el proceso.
