Una mujer fue despojada de un predio ubicado en el municipio de Chimalhuacán por personas que presuntamente laboran para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; aparentemente la autoridad está coludida con ellos.
El pleito inició luego de que Pedro Beltrán, propietario del terreno clasificado como parcela, falleciera, cediendo la posesión a la señora Angeluz Cruz, quien al demostrar legalmente la relación de concubinato, recibió el título de propiedad expendido por el Tribunal Agrario el 1 de octubre de 2025.
Tras el lamentable suceso ocurrido durante el año pasado, el señor Simón González, quien era conocido del finado y con quien realizaba intercambio de alimento para ganado porcino, reclamó la propiedad del terreno, manifestando que supuestamente había comprado dicho espacio y que contaba con la documentación correspondiente.
Posteriormente, Simón ingresó a la fuerza al inmueble localizado en Ejido Corte la Palma, Primera Sección, acompañado de sus hijos Uriel Iván, Isela y Azucena, además de su nuera, Elena Peralta, quienes al parecer pertenecen a la Fiscalía mexiquense. Llegaron acompañados por otras personas que en actitud violenta los respaldaban.
Luego de varios operativos previos, el 19 de diciembre de 2025, policías de investigación, en coordinación con integrantes de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar), desalojaron por completo el predio. Actualmente se encuentra asegurado con sellos de la Fiscalía mexiquense.
La parte afectada ha acudido en varias ocasiones ante el Ministerio Público y hasta el momento ha recibido apoyo nulo para recuperar su único patrimonio. La mayor preocupación llegó cuando la semana pasada se enteró de la colusión de las autoridades con los presuntos delincuentes, por boca propia de una funcionaria.
«Mis víctimas y mis clientes, son los únicos que tienen los papeles originales del terreno» fue lo que Karina Bautista, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en Nezahualcóyotl, le dijo a Fernando, yerno de la mujer agraviada, quedando exhibido un conflicto de intereses.
«Ella lo que nos dio a entender con ese comentario es que está asesorando legalmente a la otra parte. Dice que los papeles de mi suegra no sirven porque no tiene mucho tiempo que se le expidió el título», comenta con preocupación Fernando, quien ha acompañado a su suegra durante todo este calvario burocrático.
Angeluz, de 54 años de edad y sus familiares piden desesperadamente ayuda a las autoridades para que este delito que están cometiendo en contra de ella y su patrimonio, en contubernio con la fiscalía mexiquense, no quede impune.
