Han pasado dos años desde que una mujer tuvo una fractura mientras trabajaba y, desde entonces, ha vivido un viacrucis tras una serie de negligencias médicas y papeleos interminables que la mantienen incapacitada.
La víctima lleva dos años solicitando atención médica especializada y el pago de una pensión por incapacidad permanente por riesgo de trabajo que le han negado por la corrupción de servidores públicos del IMSS.
Se trata de María Isabel Miranda Genera, de 37 años, trabajadora de la empresa Exel del Norte, quien en 2204 se lastimó la rodilla, por lo que acudió a la Unidad Médica Familia 83, donde posteriormente el médico José Santiago Nava le dio el alta prematura, siendo que requería un mes.
La mujer pidió estudios como radiografías y resonancias magnéticas, mismos que fueron negados, por lo que se los tuvo que hacer por fuera.
Al volver, el doctor se negó a darle incapacidad por recaída, motivo por el cual acudió a Conamed por un acuerdo conciliatorio.
Posteriormente le realizaron más estudios, pero al solicitar cirugía, esta también le fue negada en dos ocasiones en el Magdalena de las Salunas.
Asimismo, mencionó que el segundo médico pedía 40 mil pesos, dejándola este con el dolor durante dos años que ha estado con incapacidades frecuentes, pero cortas.
Fue hasta el 16 de abril 2026 que se vio orilalda a pagar una operación dónde salió que su rodilla ya tenía lesión condral condilo medial de zona de carga de 3 centímetros de diámetro, aproximadamente, y sinovitis hipertrófica.
Posteriormente, el 18 de septiembre fue citada para darle el ST4 o certificado de invalidez por riesgo de trabajo, pero le dieron una ST8, recaída de riesgo de trabajo como negada por supuesta orden del Órgano Interno de Control del IMSS, el cual ni siquiera le dejó firmar la doctora Yanet Ríos ruiz, de la UMF 83, de Chicoloapan.
Ahora la afectada exige que las autoridades federales tomen cartas en el asunto ya que ha recibido incluso burlas de personal del IMSS sobre su caso.
Asimismo, quiere se procesa legalmente contra todos los involucrados en que lleve dos años de su vida en un infierno e incapacitada para realizar sus labores cotidianas. Asimismo, se le debe otorgar una pensión por riesgo de trabajo, la cual le garantiza el 100% de su sueldo y no el 30% que actualmente recibe.