El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos AC, Adrián Ramírez, lanzó un llamado urgente a las autoridades de México y de los estados del país, para que de inmediato hagan efectiva la Ley de Amnistía aprobada recientemente, a fin de que miles de personas privadas de su libertad injustamente en cárceles del país y del Estado de México, así como por delitos menores o fabricados, en particular, sean liberadas.

El activista advirtió que luego de recorrer diversas cárceles de México, se constató que en muchos lugares y ciudades, los reos enfrentan difíciles condiciones de hacinamiento y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, lo que aunado a la pandemia actual por coronavirus, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

Dijo que, debido a esto último se deben las movilizaciones y protestas de familiares registradas a las afueras de diversos centros preventivos de la Ciudad de México, Morelos y la entidad mexiquense.

Explicó que esto se debe a que si bien se ha logrado avanzar en una Ley de Amnistía, todavía está costando trabajo, dijo, su implementación, ya que los mecanismos de implementación de los beneficios con que cuenta por parte del Estado Mexicano, a través de los jueces correspondientes “no logran estar a la altura de las condiciones que hoy tenemos y sobre la base de las violaciones que hay a las reglas Mandela, en los centros penitenciarios en nuestro país, principalmente en los llamados Ceresos”, dijo.

Indicó que esto se debe a que el Estado Mexicano, ha heredado condiciones graves en el sistema penitenciario de todo el país, por lo que en medio de la pandemia, es necesario que se urga a las autoridades en México, insistió, a que tomen medidas que garanticen los derechos a la salud de los internos, pero también la aplicación y operatividad de la Ley de Amnistía.

Adrián Ramírez, titular del LIMEDH, aseguró que lo más urgente es que se agilicen los trámites cuanto antes para la libertad de los presos, toda vez que nos encontramos, insistió, en la fase más intensa de los contagios.

Recordó que en México el sistema de justicia penal “injusto” que castiga la pobreza y a la delincuencia menor y que no les da beneficios de preliberación, y sobre todo que las penas vayan fundamentalmente encaminadas a la reparación del daño a las víctimas.

Insistió que las penas agravadas no benefician sino constituyen una violación sistemática a los Derechos Humanos, aunado al fracaso de las políticas de combate a la inseguridad.