Legisladores que integran las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, de la 60 Legislatura Local, aprobaron el dictamen de la iniciativa que busca garantizar el pago de pensiones alimenticias determinadas por un juez.

Durante una sesión virtual de ambas comisiones, el diputado ponente, Juan Pablo Villagómez Sánchez, explicó que la finalidad de la iniciativa es que el Ministerio Público solicite información al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México sobre antecedentes de quien tenga la calidad de acreedor alimentario, en el supuesto de incumplimiento de obligaciones.

Añadió que la iniciativa nació antes del tiempo del Covid-19, por lo que es tiempo de ser solidarios con los acreedores.

Villagómez Sánchez afirmó que el deudor alimentario que incumple con su obligación no dimensiona la magnitud del daño que causa al acreedor alimentario.

Por lo que es necesario que el Ministerio Público se allegue de todos los medios probatorios para integrar la carpeta de investigación derivada del incumplimiento de obligaciones, ya que es responsabilidad del Estado salvaguardar los derechos a recibir alimentos cuando el deudor alimentario incurre en incumplimiento, así como de garantizar la protección de los menores.

El Legislador explicó que también comete este delito quien intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, y el padre, madre o tutor que, por incurrir en negligencia u omisión en más de una ocasión, ponga en riesgo la salud mental o física del menor.