Desde hace casi tres años, Néstor Eustolio Martínez Mira denunció penalmente a dos policías ministeriales del estado de México por su probable participación en el delito de robo con violencia en su contra; los elementos fueron destituidos, pero a la fecha siguen libres, en un proceso plagado de irregularidades.

Martínez Mira afirmó que la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública (Igispem) inhabilitó en septiembre del 2016 a ambos elementos policiacos, luego de la denuncia que presentó en su contra; sin embargo, éstos habrían sustraído la notificación, con lo que retrasaron su despido de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de México, actualmente Fiscalía.

El hombre relató que el 21 de septiembre del 2015 el vehículo en el que viajaban los entonces policías ministeriales de la entidad, a los que identificó como Marco Antonio “N” y Julio Alberto “N”, supuestamente golpeó su automóvil, estacionado en calles de la colonia Ex Hacienda de Santa Mónica, en Tlalnepantla.

Mencionó que los elementos al parecer extorsionaban al propietario de una vivienda en la que expendían cerveza a alumnos del Colegio de Bachilleres de Satélite; el conductor le dijo que una vez terminado el operativo arreglaría lo del daño al vehículo.

Afirmó que los dos sujetos lo golpearon y lo despojaron de dinero, por lo que denunció los hechos ante la Procuraduría mexiquense, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Dijo que la Ministerio Público que inició la carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad, a pesar de que él denunció robo con violencia, ya que lo despojaron de dinero.

Aseguró que en septiembre del 2016, un año después, el Igispem inhabilitó a los dos servidores públicos y ordenó que fueran dados de baja, para que ya no cobraran salario.

Martínez Mira detalló que la notificación fue entregada a Oficialía de Partes de la Procuraduría mexiquense, pero extrañamente alguien la sustrajo y los elementos continuaron en sus cargos, hasta que él mismo obtuvo el documento y lo presentó en la dependencia, en diciembre del 2016.

Dijo que también existen supuestas irregularidades en la actuación de las dos Ministerios Públicos que han llevado el caso, que cambiaron el delito de robo con violencia a abuso de autoridad, así como de una auxiliar de la juez de control que lleva el asunto.

“Todo esto lo he tenido plagado de irregularidades, desde los policías, los Ministerios Públicos. Tengo denuncias en Derechos Humanos”, dijo.

Explicó que la agente del Ministerio Público al parecer alteró los números de las direcciones de los policías ministeriales, con el fin de que no puedan ser notificados.

Mencionó que recurrió al amparo para que el Ministerio Público rectifique y establezca que el delito es robo con violencia, no abuso de autoridad.

Dijo que el pasado viernes denunció los hechos ante el área de Combate a la Corrupción de la propia Fiscalía de Justicia del Estado de México y espera que haya una investigación al respecto.