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EXCLUSIVA: Agentes del MP destapan corrupción en Fiscalía; les piden cuota de $10 mil semanales

POR: / 23 de junio de 2018

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Agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México denunciaron actos de corrupción por parte de altos funcionarios de dicha dependencia.

Tres agentes del MP adscritas a la fiscalía especializada en la investigación de robo de vehículos de Cuautitlán,  fueron despedidas tras denunciar extorsiones por parte de la coordinadora de dicha fiscalía y del titular de la misma.

Las Ministerio Público Mary Carmen Godínez Barrera, Tanya Hernández Torres y Gricelda Santillán Miranda,  denunciaron que  la nueva coordinadora, Araceli Francisco Franco, a su llegada a la dependencia, les exigió el pago de una cuota de 10 mil pesos semanales por instrucciones del fiscal Joel Sánchez Bravo.

En una denuncia presentada ante la Visitaduría General de la FGJEM, las afectadas establecen  que la funcionaria que entró para relevar a Armando Hernández López, de inmediato dio órdenes de entregarle la cantidad de diez mil pesos semanales, ya que, en sus palabras, el fiscal Joel Sánchez Bravo ‘se había abierto de capa’, situación que indignó a las empleadas que de inmediato acudieron con personalmente con Sánchez Bravo para aclarar la situación.

Al entrevistarse personalmente con dicho funcionario, éste defendió a Araceli Francisco franco y de manera prepotente intimidó a las denunciantes acusándolas de faltas inexistentes.

Ante esto y una actitud déspota, el funcionario argumentó que no le gusta trabajar con mujeres, por lo que sin motivo de inmediato les ordenó presentar su renuncia al cargo a base de insultos y agresiones sexistas.

Asimismo, dijeron que la funcionaria entrante ordenó una serie de cobros, tanto a ciudadanos que acudan a realizar trámites a la dependencia y a empleados.

Los funcionarios dieron instrucciones a todo el personal de trabajar únicamente con una empresa denominada Grúas Pegasso.

Ante esto, se dijeron intimidades e inseguras ya que podrían ser víctimas de represalias por su denuncia, y esperan que autoridades estatales tomen cartas en el asunto para que esto se detenga, y el acoso laboral del que son víctimas sea sancionado e investigado a fondo.

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