Priscila fue despedida de su trabajo por denunciar acoso sexual que sufría por parte un empleado, sin embargo han transcurrido 9 meses y teme por su vida porque el ministerio público que se presume protege al acusado ha ignorado su demanda.

La joven  ingeniera química de 24 años Priscila Athenea Hernández Trejo dio a conocer que durante seis meses aguantó el acoso sexual de Juan Carlos Campos Nolasco quien es guardia de seguridad de la empresa de Autotransportes Caballeros e Hijos S.A de C.V ubicada en el poblado de Guadalupe Victoria en Ecatepec.

Priscila quien se desempeñaba como líder de Seguridad, Calidad, Higiene y Medio Ambiente informó a sus patrones lo que estaba pasando y no tomaron cartas en el asunto y solo respondieron que se tenía que aguantar.

«Juan Carlos me espiaba, me tomaba fotos afuera de mi casa, en la empresa a donde iba a comer e inclusive con mi novio y después me las mostraba y decía que me tenía que acostar con él» indicó Priscila.

Explicó que el día 10 de enero del año en curso ya no pudo aguantar más, porque al salir de su casa el hombre se encontraba esperándola afuera de su domicilio y le dijo que tenía que acompañarlo a «coger» a un hotel.

Eso desató su enojo y decidió no presentarse a trabajar y reportar a sus superiores los hechos que  no tomaron en cuenta porque solo respondían que me tenía que aguantar.

Fue así que la mujer vecina de Tulpetlac se presentó al Centro de Justicia de Mujeres en Ecatepec a iniciar la denuncia por acoso sexual que quedó registrada con el NIC:  FVG/JME/00/MPI/021/00157/20/1/01 Y NUC:ECA/FVG/JME/034/007972/20/01.

Priscila indicó que el 15 de enero tras recibir la notificación el acosador, los propietarios la encerraron en una oficina y la agredieron verbal y físicamente por el hecho de haber iniciado la denuncia y la despidieron, sin dejarla sacar sus pertenencias y sin liquidación después de dos años de trabajo.

«Pero además me advirtieron que yo no les podía hacer nada porque tenían influencias con políticos y que además sabían mi domicilio y se la podían cobrar con mi familia», refirió.

Continuó el acoso dijo porque el sujeto diariamente le envía mensajes intimidatorios para retirar la denuncia.

Tuvo que esperar ocho meses con el argumento de la pandemia para que se girará el primer citatorio para el 8 de septiembre.

Recordó que ese día el a ocosador quien además es supervisor de la empresa de seguridad ubicada en Tultitlán con razón social » SAISA SA DE CV» junto con otras 4 personas la rodearon y la intimidaron a las afueras del Centro de Justicia de Mujeres.

«Regrese a decirle al Ministerio Público Julio Alberto Rodríguez Raya y no quiso anexarlo a la carpeta, solo dijo que hiciera caso omiso porque el no podía dar fe de eso porque no estuvo presente en los hechos», recalcó.

Sin embargo, al siguiente citatorio el 15 de septiembre no se presentó el MP ni el acusado.

«El 18 de septiembre regresé para dar seguimiento a lo de mi carpeta, y el ministerio público solo dijo que el acosador se había presentado a demandarla por violencia física, verbal y psicológica y que buscan la reparación de los daños», señaló.

Priscila quedó indignada al saber que el MP, no quiso tomar en cuenta su declaración y sin embargo si atendió  la queja llena de mentiras del imputado que ahora le pretenden voltear la demanda para convertirse en la víctima.

Al día siguiente, es decir el pasado 19 de septiembre tenían que presentarse a dar cumplimiento al tercer citatorio y la tuvieron esperando más de 6 horas hasta que Julio Alberto quien lleva el caso salió a decirle que a petición del acusado se había pospuesto la fecha.

Con lágrimas en los ojos, Priscila insistió que está desesperada y teme por su vida ya que Juan Carlos continúa con el acoso, esto debido a que como ha transcurrido  el proceso  es protegido por el ministerio público.

Aseguró que no le han dejado ver la carpeta y solamente cuenta con la carátula a pesar de que ja solicitado una copia del expediente el MP bajo excusas tampoco ha querido entregársela.

Aunado a que tampoco la han dejado utilizar el teléfono rojo para realizar su queja ante la omisión y falta de atención a su queja que tampoco le quisieron realizar en la Fiscalía para Servidores Públicos.

Ha nueve meses de los hechos, Priscila teme por su vida y por la seguridad de su familia, esto porque el funcionario público del Centro de Justicia para Mujeres, solo le ha dado vueltas al asunto al parecer para proteger al hombre que le ha causado tanto daño.

Por lo que hace un llamado al Fiscal General para que el MP que lleva su caso tome cartas en el asunto ante el temor de ser asesinada.