Por: Ma. Teresa Montaño

*De los más de 3 mil 151 “Marcos Sánchez” que nos faltan acá.

El caso de  Marco Antonio Sánchez, el adolescente de 17 años detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México (CDMX) y localizado inexplicablemente en la entidad mexiquense,  puso de nuevo el dedo en la llaga sobre el creciente e irresuelto fenómeno de las desapariciones forzadas en México.

La deplorable y brutal actuación de los policías capitalinos y luego, el posterior y deficiente desempeño del sistema de procuración de justicia en la entidad mexiquense –poniendo en la calle a un menor en evidente estado de indefensión y vulnerabilidad- sin suponer como parece que también en las instalaciones mexiquenses sufrió algún tipo de abuso o tortura, solo dejaron al descubierto que ninguna inversión millonaria, ningún mecanismo de control para elevar el nivel de los policías en ambas entidades y ningún programa de protección y respeto a los derechos humanos de las víctimas ha servido de algo.

Su paso por algo que parecía un juzgado o Ministerio Público en Tlalnepantla, solo exhibió la indolencia e incapacidad de nuestras autoridades, más allá de la “estrellita” de héroes que quisieron colgarse, cuando la noche del domingo, desde el gobierno estatal se reportaba  la localización de Marco en las inmediaciones del municipio de Melchor Ocampo, dato cuestionable, pues su localización se debió más bien a un reporte ciudadano y no al operativo de la secretaria de seguridad que casualmente se anunciaba tan solo unas horas antes.

Por otro lado sabemos que en la entidad mexiquense el problema de las desapariciones no es una prioridad en la agenda del gobierno estatal,  y que este se maneja con el mayor sigilo desde el gobierno de Eruviel Ávila, cuando entre 2014 y 2015 ordenó retirar del acceso público los archivos de personas desaparecidas que ya comenzaban a amontonarse por miles en la entonces procuraduría general de justicia.

A pesar de que la administración estatal  ha evadido este fenómeno tan grave como  el de los feminicidios, pueden establecerse algunos parámetros para medirlo y calcular su magnitud, pues de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del gobierno federal,  la entidad mexiquense cuenta con el segundo mayor número de personas desaparecidas desde el 2014, toda vez que Tamaulipas registra 5 mil 558 personas no localizadas o en calidad de desaparecidas, mientras que la entidad mexiquense reporta 3 mil 151 personas.

Este reporte es prácticamente reciente, ya que fue dado a conocer a mediados de septiembre del 2017 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del gobierno federal. Así las cosas y tras lo ocurrido a Marco, no solo resulta necesario, sino urgente, que el gobierno mexiquense integre una agenda para atender las diversas propuestas que se han hecho desde la sociedad civil para emprender la localización de los “Marcos mexiquenses”, de aquellos que aún deambulan por el estado más caótico de la nación y de aquellos, que no tuvieron la suerte del estudiante de la Prepa 8. Acá no solo nos faltan los 43, nos siguen faltando más de tres mil 151 adicionales. ¿Dónde Están?