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MONSTRUO: Madre prostituía a su hija de 13 años y obligaba a limosnear a otra de 9

POR: / 18 de marzo de 2019

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María de los Ángeles Vela Almazán fue condenada por segunda ocasión a ocho años de prisión por obligar a su hija de 9 años a pedir limosna en Atizapán de Zaragoza; la primera la obtuvo en octubre  del año pasado, de 33 años, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, ya que obligaba a otra de sus hijas a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de la mujer en el delito de trata de personas, en la modalidad de mendicidad ajena, ilícito por el que la autoridad judicial con sede en Tlalnepantla le dictó una sentencia condenatoria de 8 años y 8 meses de prisión.

De acuerdo con autoridades, la mala madre obligaba a una de sus hijas de 9 años de edad a pedir limosna en calles del municipio de Atizapán de Zaragoza, los hechos ocurrieron de enero de 2017 al mes de abril del mismo año.

A principios de 2017, la menor llegó del estado de Tamaulipas a radicar con su madre al municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, pero fue  golpeada y obligada a pedir dinero en las calles, por ello meses después la víctima escapó.

Una vez que la Fiscalía Mexiquense tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y se realizaron diversas indagatorias para detener a esta mujer.

La sentenciada fue detenida en el mes de octubre del año 2017, por estar relacionada con el delito de trata de personas en agravio de otra de sus hijas de 13 años de edad.

La mujer obligaba a la adolescente a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, por ello fue ingresada al Penal de Tlalnepantla, en donde fue vinculada a proceso y en octubre del año pasado se le  condenó a 33 años y nueve meses de prisión.

Además de la privación de libertad, María de los Ángeles  deberá pagar una multa de 1 millón 860 mil 930 pesos y 75 mil 400 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendido.

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