Piñatas, mantas, trípticos para difundir una cultura vial, alcoholímetros, llaveros, imanes para refrigerador, gorras, botas, folletos que explican cómo no sufrir accidentes en la cocina y algunos talleres. Esas son las actividades implementadas por los nueve municipios con Alerta de Violencia de Género del Estado de México para erradicar la violencia en los últimos dos años.

Los gastos que reportaron en 2017 y 2018, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por SinEmbargo, van de los 6 mil a los 3 millones de pesos; ninguna coincide y tampoco el origen del dinero, a pesar de ser un mandato de la Secretaría de Gobernación desde 2016.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que de 2016 a septiembre de 2019 –el corte más reciente– 302 mujeres han sido víctimas de feminicidio. De los estados con municipios con alerta, que son 12, el Estado de México abonó con el 19 por ciento de estas agresiones mortales, solo por debajo de Veracruz, que aportó el 24 por ciento de los casos.

Los resultados luego de dos años de Alerta son tan cuestionables que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la segunda Alerta para el Estado de México, por la desaparición de mujeres, esta ocasión en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

La primera Alerta de Género fue emitida por violencia feminicida y el Estado quedó comprometido a destinar recursos y generar políticas que garanticen la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

En la entidad son contadas las organizaciones de la sociedad civil y colectivos y son aún menos en temas de mujeres. El colectivo Nos Queremos Vivas Neza ha señalado que este es un problema porque no hay un ente autónomo que pueda exigir una adecuada rendición de cuentas a todos los actores implicados, que van desde el Gobernador, Alfredo del Mazo Maza, las fiscalías especializadas, las comisiones de derechos humanos y los presidentes municipales.

En entrevista con SinEmbargo, Elsa González, integrante de dicho colectivo, al conocer las respuestas entregadas por los municipios y el Estado vía transparencia, consideró que parece que solo se busca justificar gastos.

“Es una burla para la sociedad y para lo que vivimos las mujeres porque no hay una prevención; los avances se reflejan en la búsqueda inmediata de las mujeres, la detención inmediata de los agresores, en las sentencias, en la contratación de gente capacitada y sensible en el tema, que no revictimicen, en brindar atención integral a las víctimas, asesores jurídicos, médicos y psicólogos y de todo tipo de revisión en temas de violación. No los tenemos y es un peregrinar con las víctimas para poder hacerles análisis, para la contención psicológica, para la familia. En eso se tendría que gastar el presupuesto”, comentó.

¿Qué hicieron el Gobierno del Estado y los municipios para atender la emergencia? El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México respondió, de entrada, que “No cuenta con atribuciones para llevar el registro y dar seguimiento a los gastos que se han realizado con el presupuesto asignado a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres a partir del año 2017”.

Pero aclaró que realizan “acciones preventivas y de atención de violencia de género en sus diversas modalidades y tipos” y enmarcó que por mandato de ley, los municipios deben implementar las siguientes acciones: talleres, diplomados, certificaciones, capacitación al primer interviniente, difusión de Cédulas de Búsqueda, adquisición de vehículos para el fortalecimiento de las Células de Búsqueda y de la “Policía de Género” y para equipamiento para atención de mujeres víctimas de violencia.