Francisco David Sánchez asesinó a su ex esposa embarazada de una niña y a su suegra después que un juez lo notificó que quedaban divorciados, además, otorgó la custodia de su hija a la mamá y tenía que dar una pensión.

Tres días antes de cometer el triple feminicidio, el individuo recibió la noticia por parte de las autoridades, por lo que familiares de las víctimas aseguran planeó todo para privarlas de la vida, sin embargo, a un año de los hechos no ha recibido sentencia a pesar de declararse culpable.

La noche del 28 de septiembre de 2016, el responsable acudió al domicilio de la mujer en el fraccionamiento Los Pinos, en la colonia San Salvador Tizatlali, en el municipio de Metepec, con el argumento de platicar con Tania en torno a su separación y resguardo de la menor que procrearon.

Sin embargo, minutos después sacó un arma de fuego para cometer el homicidio, además, disparó contra la madre de su víctima, Susana, que estaba por jubilarse como educadora con más de 32 años de trabajo, a su suegro le dio un balazo, pero logró sobrevivir, luego escapó con la pequeña.

“No aceptó haber perdido el divorció y la custodia de la niña, por eso tramó todo, lo preparó todo para asesinarlas en su propia casa. Queremos justicia, pedimos que el proceso no se alargue y se emita sentencia, mi sobrina estaba embarazada y él lo sabía”, relató Arturo, tío de Tania.

A un año de los hechos, el calvario para la familia continúa ya que durante el proceso para lograr una sentencia han enfrentado irregularidades, malos tratos y burlas de la contraparte, las audiencias han sido canceladas en tres ocasiones porque la defensa no se presenta en la sala.

La última vez fue la tarde de ayer, el hermano de Susana no entiende porqué el fallo se ha demorado tanto cuando existen las pruebas para juzgarlo por el triple homicidio, incluso desde ser detenido por policías aceptó su culpabilidad, tienen temor que su caso quede impune.

Acompañado de conocidos, montaron una protesta frente a los juzgados para pedir al magistrado agilicé el juicio, dicen los abogados que los asesores les informaron que luego de un año algunas pruebas pueden caducar lo que podría reducir el castigo, incluso dejarlo en libertad.

“Un año de tristeza y todavía con todo el proceso, es mucho, ha sido difícil todo lo que estamos viviendo, queremos justicia para terminar con el temor de que exista impunidad en nuestro caso, ellos quieren alargar el proceso cuando todas las pruebas están dadas”, insiste Arturo.

El próximo encuentro está programado para el 13 de septiembre, dos días antes que concluir el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, a quien le piden intervenga para que las víctimas puedan descansar en paz y tengan certeza de que la justicia para las mujeres existe en la entidad.

De enero a julio de este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México registra 41 casos de feminicidos y 145 homicidios dolosos de mujeres, para ubicarse como una de las entidades con mayores delitos de este tipo a nivel nacional durante los primeros 7 meses del 2017.