Un grupo de extorsionadores que operaba en el despacho de abogados Sahagún y Saavedra atacó el pasado jueves a agentes de inteligencia de la policía capitalina habían exigido 12 millones de pesos a la empresa que los denunció.
El despacho jurídico también está ligado con el control de cargadores y golpeadores utilizados en audiencias laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Fuentes allegadas al caso señalaron que el monto lo establecieron los sujetos a la empresa de paquetería, que denunció los hechos el pasado miércoles ante el área de extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que derivó en el operativo del jueves en la calle Río Ebro de la colonia Cuauhtémoc.
Refirieron incluso que el despacho Sahagún y Saavedra tenía un modus operandi para amedrentar a abogados y trabajadores, a quienes llegaban a golpear para que firmaran acuerdos laborales .
Este grupo incluso montaba manifestaciones afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Doctor Río de la Loza, colonia Doctores, al igual que en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, ubicado en Doctor Andrade.
Testimonios de abogados que prefirieron no ser citados por temor a represalias, señalan que los golpeadores eran presentados durante las audiencias, es decir, el despacho liderado por Adolfo Sahagún convocaba a los provocadores para “meter presión sicológica” en los actos.
“Desde hace unos años (Sahagún y Saavedra) son los que tienen el poder de los golpeadores, y amenazadores y si no te arreglas (con ellos) te quieren golpear”, comentó uno de los declarantes.
Según esta declaración, varios de los seis detenidos por la policía tras la balacera fueron identificados como El Cara Bebé, El Bam Bam y El Brutus, que trabajaban para este despacho y se encontraban armados.
“Ellos llegan a las audiencias con todos (los golpeadores) y pues obviamente tú llegas solo y te presionan sicológicamente para que te arregles; sí, están metidos en extorsiones con sindicatos para parar empresas y obligarlas a firmar contratos colectivos”, aseguró otro litigante.
Las investigaciones de la policía capitalina también relacionan a este despacho con despojos, recuperaciones e invasiones de predios.
