CÍRCULOS DE PODER: Edomex culpable de tortura y violaciones en Atenco; silencio en los medios

POR: / 27 de diciembre de 2018

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CÍRCULOS DE PODER

Hace solo unos días, en vísperas de Navidad, se dio un hecho internacional histórico con trascendencia para el estado de México, pero que no tuvo tanta repercusión en los medios locales, como se hubiera esperado. Me refiere a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionada con la criminal represión de San Salvador Atenco en 2006,  ordenada por Enrique Peña Nieto, siendo gobernador en la entidad.

La CIDH resolvió que el Estado Mexicano es responsable por las torturas sexuales y violaciones a once mujeres, por parte de policías del estado de México y fuerzas federales que participaron en el operativo lanzado contra el pueblo y que terminó en uno de los capítulos más brutales y recientes de represión gubernamental  Las once víctimas no solo sufrieron torturas sexuales, sino que también médicos legistas dependientes del Ministerio Público (de la hoy cuestionable Fiscalia General de Justicia del Estado de México), se negaron a revisarlas y dictaminar, lo que agravó aún más la violación a sus garantías individuales y la obtención de justicia.

De acuerdo a lo relatado por las once mujeres –marcadas para siempre por estos hechos-, durante su captura arbitraria e ilegal, fueron sometidas a violencia física y verbal por parte de los uniformados, mientras que siete de ellas, sufrieron agresiones sexuales y hasta violación, concluyó el organismo. Otra resolución  fue que las detenciones de estas víctimas, fueron arbitrarias e ilegales, algo que sin duda puede aplicarse a los más de 200 detenidos durante aquella jornada sangrienta contra una población.

Quienes estuvimos al pendiente de los juicios inhumanos que se fincaron contra estas más de 200 personas inocentes, al final la mitad fueron llevadas a juicio, tuvimos claro desde el principio el abuso de poder, fabricación de pruebas y corrupción de jueces y autoridades de todos los niveles, incluida la cuestionable actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en esos lamentables hechos, para manipular, pero sobre todo ENCUBRIR a Enrique Peña Nieto ya siendo presidente de la República, de ahí que debieran pasar 12 años para que estas mujeres lograran una sentencia y que los hechos, que ya todos sabíamos, tuvieran un aval jurisdiccional.

La última comparecencia del Estado mexicano ante la CIDH en estos hechos, durante la audiencia en que se conoció la sentencia, resultó histórica en muchos sentidos. Por primera vez vimos a un representante de México (en este caso a Alejandro Encinas como subsecretario de derechos humanos del gobierno mexicano), asumir una actitud totalmente distinta a la que veníamos observando en estos eventos por parte del gobierno de Peña Nieto, tratando casi siempre de evadir y justificar con informes burocráticos,  supuestos avances en el acatamiento de observaciones.

Encinas de entrada se comprometió a cumplir cien por ciento la sentencia en el caso Atenco y no estaría nada mal que el Congreso Local del Estado de México (no podemos decir el ejecutivo estatal dada la relación familiar con el primero),  asumiera alguna acción como “observador” de este caso, para darle seguimiento y asegurarse que la sentencia sea acatada por el gobierno mexiquense, en la parte que le  corresponde, pues no olvidemos que no solo Enrique Peña Nieto, estuvo implicado directamente como autor intelectual en estos hechos, sino otros colaboradores que alguna responsabilidad sin duda deben tener. Humberto Benitez Treviño, era en ese momento el secretario general de gobierno y responsable directo de las fuerzas públicas en la entidad.

Ojala que los cambios que están soplando en el Estado de México, ventilen las violaciones sistemáticas que se dan en muchas acciones relacionadas con la fuerza pública estatal y las municipales, como es el caso de los llamados “operativos rastrillo” y detenciones arbitrarias -principalmente de jovencitos- en que incurren  en estos contextos, policías deshonestos.

Mucho trabajo tienen en este reglón de las garantías individuales, los legisladores locales, solo ellos y ninguna otra instancia más por el momento, podría empujar cambios que garanticen instituciones funcionales en la materia, pues las actuales sinceramente dejan mucho que desear y solo representan una fuerte carga burocrática.

Hasta la próxima, con un abrazo fraterno.

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