Dos funcionarios de Edomex fueron localizados y detenidos al ser acusados de extorsionar verificentros en la entidad; uno estaba en CDMX y otro en Acapulco.
Autoridades mencionaron que este día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y con apoyo de la Guardia Nacional, así como de las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de Guerrero y de la Ciudad de México, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de dos servidores públicos del Gobierno del Edoméx por su probable participación en una activa red de extorsión en agravio de propietarios de Centros Verificación de Emisiones y estaciones de servicio de combustible.
Los detenidos son identificados como Raúl “N”, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y Carlos Eduardo “N”, Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia. El primero fue capturado en la ciudad de Acapulco y el segundo en la Ciudad de México.
Denuncias presentadas por diversas víctimas y actos de investigación establecieron que los ahora detenidos, participan en una red extorsiva en conjunto con otros individuos identificados como servidores públicos, ex servidores públicos y particulares.
Se tiene acreditado, en expedientes de investigación, que este grupo obliga a propietarios de Verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar con su funcionamiento, en otros casos incluso abusaron de sus atribuciones al simular actos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones emitidas a su favor e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar serían afectados o les causarían daño.
Hasta el estado actual de la investigación, se tiene acreditado que el esquema extorsivo genera recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales, para no cerrar las líneas de verificación de sus víctimas, cantidad que aumenta sustancialmente por exigencias de cuotas ilícitas por la revalidación de la autorización. Todos los pagos eran exigidos con entregas en efectivo en un domicilio que se tiene identificado.