• Endurecerán medidas civiles, penales y migratorias en contra de personas deudoras.

Grupo de legisladores propuso ante el Congreso mexiquense penas de seis meses a 2 años de prisión y la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar, a quien sin motivo justificado abandone a la mujer en estado de gravidez y se acredite su paternidad legalmente; además de establecer agravantes en caso de que se lesione a la mujer o al producto en periodo de gestación.

En sesión, expusieron la iniciativa de reforma a los códigos Civil y Penal estatales, conocida como la Ley Sabina; debido a una menor que durante cuatro años no ha recibido pensión alimenticia, quien inspiró a su madre Diana Luz a iniciar un movimiento para promover castigos por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que afecta a millones de niñas y niños en el país.

De acuerdo con la iniciativa, las sanciones se incrementarán en un tercio, cuando por el abandono se produzca cualquier tipo de lesiones a la mujer en estado de gravidez o al producto en periodo de gestación, y si como resultado de las lesiones resulta la muerte del producto o de la madre en estado de gravidez, se incrementarán hasta la mitad, siempre y cuando se comprueba la paternidad del sujeto activo.

La iniciativa plantea que cuando se celebre un matrimonio el oficial del Registro Civil informe a los contrayentes si alguno está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; que si alguien incumple con su obligación alimentaria el juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y avisará a las autoridades migratorias, entre otras, para restringir la salida del país de la persona.

Llamaron a reforzar acciones que garanticen en mayor medida el interés superior de la niñez, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 70 por ciento de las madres solteras en el país no reciben pensión alimenticia. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que, en 2016 hubo 25 mil denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias, además de que en el Estado de México se promueven diariamente 37 juicios relacionados con la solicitud, consignación, cancelación o incremento de pensiones alimenticias y que el Poder Judicial estatal emite en promedio 62 resoluciones mensuales.