Foto de archivo.

Por: Ma. Teresa Montaño

En días recientes, once mujeres del estado de México, las Mujeres de Atenco, comparecieron ante un tribunal internacional para exponer de manera estrujante las torturas, violaciones y trato criminalizador que recibieron de parte de policías mexiquenses en mayo del 2006, cuando por órdenes del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, su pueblo sufrió una de las peores y más brutales represiones de que se tenga memoria en México. Su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responde a una demanda de justicia que una, otra y otra vez y por casi doce años consecutivos, se estrelló contra la indolencia oficial. Salir al extranjero a buscar lo que se niega en México, resultaría raro en un país pobre democráticamente hablando, pero que en el caso de México ya no lo es tanto.

La gravedad de este asunto, que por si mismo lo es, viene a colación porque este sábado se conmemora en el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, una asignatura pendiente en el país, pero de mucha mayor urgencia en una entidad como el estado de México, marcado por la indolencia oficial, la corrupción institucional en las instancias encargadas de procurar justicia y una violencia estructural de género, que ya alcanza como vemos, niveles de interés internacional. Resultó además perturbador escuchar los dramáticos testimonios de las víctimas de Atenco y el grado de animalidad con que se desempeñaron los policías que participaron en la represión de Atenco, transformados de servidores públicos a vulgares delincuentes financiados y solapados (por ya casi 12 años) por el Estado mexiquense.

La comparecencia en sí misma es significativa pues pone de relieve la incapacidad de un Estado y una entidad cómplice para impartir justicia, pero más sintomático aún de estos dos factores, el hecho de que el caso haya pasado  prácticamente desapercibido por los medios estatales de mayor circulación e importancia, evidenciando el peligroso grado de colusión que existe entre la administración estatal y la prensa local, una prensa que definitivamente perdió el rumbo y cambió de bando hace muchísimos años y su alienación es un riesgo mayor.

Por otro lado llama la atención que el mismo día de la comparecencia de las víctimas ante la CIDH, el gobierno mexiquense se dedicó a promocionar mediante comunicados, una reunión de evaluación de la fallida Alerta de Género decretada en once municipios desde el 2015, cuyos resultados, si es que los hay, han sido superados por la cruda realidad de la impunidad imperante,  o de que otra manera puede interpretarse que de los 354 casos de feminicidios reportados oficialmente desde 2011 a septiembre pasado, solo existan 101 sentencias. Ni que hablar de los mil 700 homicidios de mujeres perpetrados en la era eruvielista (incluidos feminicidios), de los cuales más del 70% están impunes. Tan solo la semana pasada el horrendo asesinato de dos jóvenes en el Valle de México (violadas, asesinadas y carbonizadas) y el de la estudiante de enfermería de la UAEMex, Maribel González Bernal, en la región del Valle de Toluca, ejemplifican el nivel de inseguridad en el  que vive la mitad de la población del estado, así como la futilidad de las supuestas estrategias oficiales para salvaguardar a las mujeres,  pues si bien en los origenes de la violencia de género puede estar el factor cultural y la descomposición social, su detonante es definitivamente la altísima impunidad, la cual de no resolverse seguirá siendo motivo para ir no solo a la CIDH, sino a cualquier foro o tribunal, sea abierto, público, privado, nacional o internacional para demandar justicia y parar el horror.

AL VUELO.

Esta misma semana inicia la discusión del paquete fiscal del 2018. La rebatinga de recursos para causas propias por intercambios políticos en el Congreso Local llevará varias días de negociaciones, pues está previsto que la próxima semana el presupuesto se apruebe sin mayores contratiempos ni cambios, aun así será interesante conocer a qué están dispuestas fracciones tan maleables como el PRD y el PAN en la Legislatura, a cambio de más fondos para sus localidades.  Los recursos este año, programados en papel, representan un incremento adicional de unos 20 mil millones de pesos, lo cual llama la atención en medio de la contingencia financiera que se supone dejó el 19S… las alertas deben estar encendidas para los partidos de oposición, pues de entrada el gobierno estatal ya les sacó un crédito de 2 mil 800 millones de pesos y ahora habrá un excedente adicional de 20 mil millones –seguramente más-… Pues ¿qué habrán olvidado que hay elecciones el año entrante?, obvio, no la quieren volver a aplicar, no olvidemos el “ensayo general de este año”, ufff, hasta la próxima…

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