Ulises Bernal y un amigo (cuya identidad se mantiene en reserva) llevan siete meses encarcelados sin haber cometido ningún delito, víctimas de un entramado de corrupción, abuso de poder y fabricación de delitos dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; el caso expone una cadena de irregularidades que hoy ponen en riesgo la vida de uno de ellos.
Ambos jóvenes iniciaron un calvario judicial que los mantiene recluidos, primero en el penal de Barrientos y actualmente en Lerma, acusados primero de homicidio del que fueron absueltos por un juez, luego de delitos contra la salud y ahora de cohecho y resistencia, pero todas las imputaciones han sido desmentidas con pruebas; sin embargo, la maquinaria judicial se ha negado a liberarlos.
Ulises es un joven deportista, trabajador y padre de un niño de siete años, a quien la Fiscalía del Edomex le arrebató la libertad, la estabilidad y hoy incluso la salud, de acuerdo con su familia. La Fiscalía del Estado de México no investigó, no corroboró y prefirió fabricar culpables antes que cumplir con su deber.
Todo comenzó el 6 de mayo de 2025, cuando Ulises y su amigo viajaban en dos motocicletas rumbo a un deportivo, en un retén de revisión instalado en Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, elementos de seguridad los detuvieron sin causa; la documentación estaba en regla y no portaban nada ilícito, pero la arbitrariedad ya estaba decidida.
Presuntos Policías de Investigación exigieron revisar los teléfonos celulares, al negarse uno de ellos, al no existir orden judicial, los agentes reaccionaron con amenazas, intimidación y fuerza, despojándolos del móvil. Una fotografía de una persona fallecida, enviada previamente por un conocido para alertar sobre una publicación errónea en redes sociales, fue usada como pretexto burdo para acusarlos de homicidio.
Sin pruebas, sin peritajes y sin investigación, ambos fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, encerrados en los separos e incomunicados, ahí se fabricó la primera carpeta de investigación, vinculándolos con el homicidio de dos policías municipales de Tlalnepantla, ocurrido en 2024, pese a que nunca estuvieron cerca del lugar de los hechos.
Durante más de dos días, sus familiares los buscaron como desaparecidos. Las autoridades negaron su detención en repetidas ocasiones, fue hasta el 8 de mayo, mediante una llamada anónima, que se supo que estaban bajo custodia ministerial, incluso entonces, funcionarios continuaron mintiendo sobre su paradero y situación jurídica.
Los traslados posteriores fueron caóticos e irregulares. De Cuautitlán Izcalli a Cuautitlán México, luego a la Fiscalía de Homicidios de Ecatepec y finalmente, en la madrugada del 10 de mayo, al penal de Barrientos, en cada punto, la información fue negada, alterada o manipulada.
El pasado 24 de diciembre, tras meses de encierro, un juez ordenó su liberación por falta absoluta de pruebas en el homicidio, luego de que se acreditara que no participaron en ningún delito, el proceso estuvo plagado de anomalías; el Ministerio Público no acudió a varias audiencias y en la última compareció una suplente sin conocimiento del caso ni cédula profesional, violando flagrantemente el derecho a una defensa justa.
Sin embargo, la libertad nunca llegó, cuando sus familiares los esperaban en el área de liberaciones, un convoy de seguridad irrumpió en el lugar, bloqueó la salida y volvió a detenerlos, sin orden judicial ni explicación alguna, fueron subidos a una camioneta tipo Jeep y desaparecieron nuevamente.
Horas después se supo, a través del Registro Nacional de Detenciones, que Ulises había sido trasladado a Lerma, ahora acusado del delito de cohecho, con la promesa de ser liberado en 48 horas, el plazo venció el 26 de diciembre y la liberación nunca ocurrió.
Este 27 de diciembre, cuando la familia se dirigía al Ministerio Público de Lerma para exigir respuestas, recibió una llamada alarmante, Ulises estaba inconsciente, sacando espuma por la boca, y las autoridades preguntaban si padecía alguna enfermedad, la familia asegura que Ulises no presenta antecedentes médicos y teme que haya sido golpeado y torturado.
Hoy, sus familiares responsabilizan directamente a las autoridades del Estado de México por cualquier daño a su integridad física o por su vida, exigen información real, atención médica inmediata y su liberación, advirtiendo que, de persistir el silencio y la impunidad, tomarán las calles y bloquearán vialidades para exigir justicia
