Por: Sin Embargo

Colectivos civiles retaron al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, a utilizar durante un día, sin escoltas, el transporte público de la entidad, luego del aumento de 20 por ciento a la tarifa que afecta tanto a los 12 millones de usuarios como a los choferes que entregan cuotas a las empresas concesionadas.

“El transporte público en el Estado de México -una de las zonas más contaminadas por uso excesivo de automóvil- está en un estado deplorable. Los tomadores de decisiones, en este caso el Gobernador y su Secretario de Movilidad, probablemente no conozcan las dificultades que enfrenta toda la gente que lo usa. Tal vez han oído hablar de la inseguridad, pero jamás la han experimentado. Él dice que es bastante bueno y decente”, afirmó en conferencia de prensa Carlos Samayoa, responsable en temas de movilidad de Greenpeace, quien recordó que un transporte público de calidad aminora el uso de automóvil y con ello la mala calidad del aire derivada de sus emisiones.

El tarifazo local de este año es el tercero de 2013 a la fecha, pero, acusaron, no se han reflejado en las promesas de mejoras en calidad, seguridad y sustentabilidad ni cuentan con un plan de movilidad íntegro y transparente para ello.

Además, aunque el transporte mexiquense es de los más caros e inseguros en el país, no otorga tarifas preferenciales a los grupos vulnerables como estudiantes, adultos mayores y con capacidades diferentes.

Dante Álvarez, miembro de Metrobús Toluca Ya, documentó que el 70 por ciento de los 17 millones de habitantes del Estado de México usa el transporte colectivo, de los cuales el 30 por ciento son estudiantes o adultos mayores que no reciben ingresos, y el 40 por ciento tiene carencias económicas por lo que el aumento de 10 a 12 pesos “está pasando factura al sector más vulnerable de la población”.

Diana Bobadilla Martínez, de la fundación ambiental Xihmai, agregó que familias mexiquenses de tres o cuatro integrantes está gastando alrededor de 1,600 pesos semanales por transportarse, pero ganan en ese periodo 1,800 pesos o menos por lo que se está volviendo “un gasto insostenible” el derecho a la movilidad.

En representación del colectivo estudiantil Intégrate Project, Alejandro Hernández enfatizó que los recursos derivados de los incrementos en 2013 y 2017 no se han invertido en infraestructura.

“La solución no es el incremento -que no está en una ley porque solo fue un acuerdo- sino en una restructuración y organización del sistema del transporte para que el gremio transportista eficiente los trayectos”, dijo el estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México.