Fernanda Gómez, estudiante de 19 años del bachillerato en el Cetis 56 “Ricardo Flores Magón”, cursa el quinto semestre y desde el periodo pasado comenzó a sufrir acoso escolar, agresiones físicas y humillaciones constantes por parte de varios compañeros.
A pesar de haber denunciado la situación ante la coordinadora Vanessa Espinoza, no recibió apoyo alguno, presuntamente debido a la cercanía de la funcionaria con los agresores, lo que dejó a Fernanda en total indefensión.
El acoso se intensificó con el tiempo, la joven era insultada con frases como “pinche ballena”, “nos dan asco las gordas” y “burra”.
El 1 de octubre, los agresores identificados como Fátima “N”, Allyson “N”, Frida “N”, Jesús “N” y Pablo “N” la amenazaron con golpearla al salir de clases, durante una lección de física, continuaron con las agresiones verbales frente al profesor, quien no intervino.
Al término de las clases, cumplieron sus amenazas, la interceptaron sobre la calle Norte 82, frente al número 511, en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A Madero.
En ese lugar, Fátima “N” la golpeó repetidamente y le robó una cadena de oro de 14 kilates con alto valor sentimental, mientras los demás jóvenes la alentaban a seguir agrediéndola.
Casi inconsciente, Fernanda fue auxiliada por compañeros que avisaron a sus padres, al acudir al plantel, el director se negó a recibirlos pese a la gravedad de las lesiones y el delicado estado de salud de la joven, quien comenzó a presentar complicaciones neurológicas, motrices y crisis convulsivas severas.
Cuando la familia intentó interponer la denuncia en la coordinación territorial GAM-2, no fueron atendidos; finalmente lograron hacerlo en la GAM-7, donde el titular, Roberto Fuentes, intentó obligar a Fernanda a declarar, a pesar de que no podía hablar, no había médico legista disponible, por lo que la familia tuvo que gestionar por cuenta propia la atención médica y entregar el diagnóstico para poder formalizar la denuncia por lesiones y robo.
En varios hospitales públicos de la Ciudad de México Fernanda no fue recibida por falta de equipos especializados, saturación o ausencia de médicos, en el IMSS también se le negó la atención bajo el argumento de que su seguro escolar no estaba vigente; incluso después de presentar la documentación actualizada, pretendían cobrar la atención y hospitalización.
Ante la falta de respuesta institucional, sus padres contrataron una enfermera particular y consultas con especialistas, quienes diagnosticaron traumatismo craneoencefálico moderado, esguince cervical de tercer grado y crisis epilépticas postraumáticas, su estado de salud se mantiene reservado y continúa bajo observación médica.
Hasta el momento, las autoridades escolares no han tomado medidas contra los agresores, quienes siguen asistiendo al plantel con normalidad; la Fiscalía tampoco ha iniciado formalmente las investigaciones ni realizado peritajes, limitándose a notificar a la familia sobre una futura ratificación de hechos.
El caso de Fernanda Gómez evidencia una preocupante cadena de negligencias e impunidad por parte de las autoridades educativas, judiciales y del sistema de salud de la Ciudad de México.
Su familia exige justicia, sanciones ejemplares contra los responsables y atención médica integral para garantizar su recuperación.
