• La jugada financiera oculta detrás de actores políticos priístas y altos funcionarios del gobierno mexiquense que luchan por retener otro siglo más la entidad más saqueada en México

Por: Ma. Teresa Montaño, Nina Lakhani y Lilia Saúl

Coatzacoalcos es un puerto mexicano capturado por el crimen. Es la capital de las masacres. Sus calles son tan solitarias como peligrosas, incluso las que bordean el puerto; los  murales alusivos a su colorido folklore para atraer el turismo cerca del malecón lucen enmohecidos y las estructuras abandonadas, docenas de negocios  de la bahía fueron incendiados o ametrallados, pero justo ahí a unas cuadras estaba “la empresa” que en 2018 requería el Gobierno del Estado de México (GEM) para gestionar “capital humano”, por lo cual le entregó 972 millones de pesos en contratos.

Luego desapareció.

La dirección con la que ganaron las licitaciones el Instituto C&A Intelligent S.C. y Fix Business S.A. de C.V., es un edificio habitacional desvencijado, con protecciones carcomidas  donde nadie respondió por la transacción; en la abandonada estructura donde se supone estaba la firma, no se encontró personal, ni equipo o el trasiego que supondría administrar los cientos de empleados por los cuales se les pagó.

Ambas empresas también registraron una dirección en la colonia La Paz en el estado de Puebla, pero ahí tampoco se localizaron, aunque C&A Intelligent S.C. reaparecería un año después en Toluca, pero solo para recibir otros tres contratos por 907 millones de pesos adicionales y volver a escabullirse con un domicilio falso estampado en los documentos.

Este sin embargo no es por mucho el único caso.

Contratos multimillonarios fueron asignados durante este sexenio  a “empresas” asentadas  a cientos de kilómetros de Toluca en lugares de difícil acceso, inexistentes o controlados por el crimen y  por artículos o servicios disponibles en el mercado local, como “esmalte de uñas” que el gobierno Delmacista fue a comprar a Monterrey; cientos de sillas adquiridas en Querétaro o  servicios de limpieza en Tamaulipas.

Otras contrataciones realizadas por la actual administración que el PRI lucha por retener  un siglo más, exponen nexos directos con casos de malversación a gran escala como Odebechet o la “Estafa Maestra”, en lo que expertos consideran un patrón de saqueo sistemático como “el sello de casa”.

Una investigación iniciada por The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público y concluida gracias al respaldo de periodistas de The Gardian y OCCRP, convocados por Forbidden Stories, permitió  rastrear al menos 40 contratos con claros indicios de malversación de recursos públicos de los presupuestos estatales.

De esta manera se constató que detrás de los convenios multimillonarios había  empresas inconsistentes, sin capacidad probada, sin empleados o escaso personal; con domicilios ficticios o datos falsos   que dejaron en el aire la aplicación final de más de 5 mil millones de pesos, sin contar “contratos inflados” por servicios intangibles difíciles de fiscalizar de por sí.

Además se detectó que detrás de las adjudicaciones con mayores montos había dependencias que ocuparon funcionarios de gabinete que luego se fueron al PRI para coordinar la campaña oficial de “defensa” de la gubernatura comenzando por Eric Sevilla y Alejandra del Moral,  quienes alternativamente compartieron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem).

Otros contratos salieron de la Secretaría del Trabajo, en una firma que se registró en un despacho donde se atiende dos veces por semana y no disponen ni de catálogos de los productos y de la Secretaría del Campo.

DE COATZACOALCOS A TAMAULIPAS                                                                                              

En 2018 los socios de Coatzacoalcos y su derruido edificio recibieron un contrato por 40 millones 803 mil pesos de la Sedesem  y otro por 259.2 millones de pesos del Consejo Estatal de la Mujer cuando la diputada federal  Melissa Vargas, era su titular y Eric Sevilla, su jefe. El tercer contrato se lo asignó la Secretaría de Finanzas por 672 millones de pesos,  por concepto de “asesorías asociadas a contratos”  en todos los casos.

Un año después C&A Intelligent S.C. reapareció en Toluca pero solo para recibir tres contratos más con  por  907 millones de pesos adicionales y con los mismos políticos involucrados, salvo que en esa ocasión Melissa Vargas firmó de puño y letra al menos uno de los documentos  por 237 millones 880 mil pesos.

Múltiples visitas realizadas a la supuesta sede de C&A Intelligent S.C. en Toluca, rastreada en páginas WEB y confirmada por el gobierno mexiquense cuando intentó dar explicaciones, permitió confirmar que el nuevo domicilio de la firma se ubicaba en un edificio llamado “Torre Laurel” del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlán aunque vacío y sin personal, a la vez que vecinos confirmaron que el logotipo de la firma había sido colocado y retirado varias veces en lo que va de este año.

Por si fuera poco algunas fotografías aportadas por la secretaría de finanzas para justificar la existencia de la firma, corresponden a fotos obtenidas de Google así como de eventos oficiales realizados en auditorios que se pegaron simplemente en hojas blancas pero sin referencias de ningún tipo que, al final difícilmente podrían justificar el cuantioso gasto, confirmó una especialista fiscal.

Muna Buchain, perito forense y ex funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que estos patrones son consistentes con  estrategias usadas por las “redes de estafadores” que operan en México para  “sacar los recursos públicos” en colusión casi siempre con funcionarios en “posiciones de poder”.

Entre estas estrategias a las que denominó “banderas rojas” en la “simulación de operaciones” y corrupción están los  continuos cambios de domicilios fiscales; los cambios de los apoderados o representantes legales de las firmas; asignaciones millonarias para “servicios intangibles” y la falta de estudios de mercado que justifiquen los servicios o productos requeridos como mandatan las leyes vigentes explicó la experta.

Prácticamente todos los encontramos en esta investigación.

Tras un viaje de más de 11 horas para recorrer los 900 kilómetros que separan a Toluca de Monterrey localizamos en una avenida populosa y sin banquetas completas, un negocio especializado en “productos de limpieza” donde las ofertas de jabones líquidos a granel destacaban en el caluroso verano del 2022 en las ofertas del día, lo mismo que los trapeadores y escobas exhibidos en tambos azules sobre la vía pública.

La dueña de SEVACOM S.A. de C.V, aseguró durante una breve entrevista que su negocio estaba en regla y que no tenía ningún tipo de contratos con el gobierno de Edomex, desconociendo al parecer las 12 adjudicciones que captó entre 2021  y 2022.

Es decir, la mujer era técnicamente millonaria en un barrio donde lo que menos existe son recursos.

En ese periodo la SEDESEM, la Secretaria del Trabajo, la Secretaria del Campo, Cultura y Turismo, Desarrollo Económico (SEDECO) y la propia gubernatura le adjudicaron compras por 87 millones 821 mil pesos  por una enorme cantidad de productos y baratijas de las cuales  ni una sola es de limpieza.

La totalidad de los contratos son exactamente iguales y se adjudicaron bajo el concepto de “cooperaciones y ayudas”, justificando que se utilizarían para  talleres de maquillaje, tratamientos faciales, peluquería, “Gelish” y decoración con globos.

Ante los cuestionamientos de estas transacciones el secretario de finanzas, Rodrigo Jarque (que junto con Alfredo del Mazo es citado en el libro Estafa Maestra por triangular contratos entre Banobras, empresas fantasma y la UAEMex) entregó supuesta evidencia de que el establecimiento no es una empresa fachada, no obstante un intenso fact-checking de estos documentos reveló fotografías truqueadas –para hacer parecer a la tienda más grande de lo que realmente es – e imágenes de bodegas enormes que no correspondían al lugar.

Igualmente se entregaron “certificaciones” expedidas por otras empresas de Monterrey, pero con fechas posteriores a la firma de los contratos, así como fotografías de mujeres cargando cajas y posando en una misma locación, lo que supuso la fabricación de pruebas por la experta consultada.

SEVACOM S.A. de C.V. sin embargo no es ni lejanamente el único caso ya que las empresas de Monterrey haciendo negocios con el gobierno mexiquense se han propagado como hongos en esta administración.

Cerca de ahí en el municipio de Guadalupe, Proveedora Perales S.A. de C.V. experta en PVC y plásticos,  logró venderle a la Secretaría del Campo “productos forestales”, sustratos de alta calidad y hasta hongos por más de 15 millones de pesos, divididos en dos adjudicaciones cuando Mercedes Colín,  actual secretaria de la CNOP del PRI,  era la titular.

También les vendió “charolas de plástico” de uso agrónomo.

Durante la visita el único trabajador en el sitio donde una segunda empresa llamad Groenza S.A. de C.V. también está alojada, aseguró que ya no tenían nada en existencia de “materiales de construcción” y que lo poco que tenían lo ocuparían ellos, mientras el administrador que firma los contratos, Javier Mejía, se negó a salir.

En el caso de Proveedora Perales S.A. de C.V. el gobierno de Edomex presentó fotografías en las cuales aparecen vehículos de carga entregando bultos de mercancía pero sin mayor referencia que las expliquen, en tanto que otras muestran vehículos descargando en algún lugar pero sin corresponder al  sitio sin trabajadores, ni equipo y con un patio lleno de tiliches –y sin mercancía- visitado en Guadalupe, Monterrey.

Dicho establecimiento es la dirección proporcionada en todos los contratos, como en el resto de los casos citados aquí.

La experta consultada para evaluar la “evidencia” entregada por el GEM,  las estimó insuficientes para descartar a plenitud una posible malversación, en tanto que algunos documentos que tenían que ver con el IMSS, aclaró que no eran consistentes y las fotos de formatos presentaban indicios de haber sido manipulados, sin embargo imposible confirmarlo pues solo se entregaron fotografías de estos.

También detectó indicios de pruebas fabricadas en estos documentos, por ejemplo, documentos con logotipos oficiales del gobierno federal que corresponden al año pasado, pero con información introducida en este año, el cual está dedicado a “Francisco Villa”.

Las “empresas fantasma” son firmas legalmente constituidas que simulan actividades empresariales sin contar con la infraestructura para producir bienes o servicios. O bien constituyen fachadas corporativas cuyo propósito es defraudar o evadir la aplicación de la ley”, señala el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Estos consorcios fraudulentos se complementan con otro tipo de firmas llamadas “facturadoras” o “EFOS” debido a que su objetivo principal son las   “operaciones simuladas” que realizan, mediante la emisión de facturas a otras entidades, sin haber prestado el servicio o entregado los bienes establecidos en los recibos de la transacción.

Imposible saber en algunos casos de empresas rastreadas en esta investigación si se trataba de empresas fachada o factureras, toda vez que los conceptos por los que captaron sumas estratosféricas son difusos o muy genéricos como “cooperaciones o ayudas” o “servicio de apoyo técnico en planeación y optimización de proceso” o “servicio especializado  para brindar apoyo técnico en actividades de bienes social”.

Este tipo de conceptos inasibles son los que Muna Buchaín considera los más usados para saquear los recursos públicos mediante licitaciones desaseadas.

Destaca en este caso la firma Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V., la cual bajo estas definiciones recibió cuatro contratos por 2 mil 354 millones 565 mil pesos entre 2020 y 2022,  unos 121 millones de euros por los conceptos como los entrecomillados arriba justamente.

Los recursos que le entregaron la SEDESEM y la Secretaría de finanzas alternativamente a la firma, salieron de fondos públicos que en teoría debían haberse aplicado para abatir los graves niveles de pobreza que aquejan a 9.3 millones de mexiquenses.

En la búsqueda de la firma no se localizaron sus oficinas operativas en los domicilios que proporcionó en los contratos, solo oficinas lujosísimas pero vacías en Polanco y otras en una dirección de Toluca, donde al menos otras dos empresas con adjudicaciones por diversos montos y conceptos registraron el mismo domicilio como Servicios y Abastecimientos Comerciales S.A. de C.V. e Insumos Globales de Vanguardia S.A. de C.V.

En el caso de Servicios y Abastecimiento Comerciales S.A. de C.V., los empleados del edificio de la capital mexiquense no supieron explicar que son “cooperaciones y ayudas” por las que el gobierno les pagó un contrato por 4 millones 934 mil pesos, en tanto que  los representantes de la firma contactada vía telefónica prometieron una cita que nunca concretaron desde diciembre pasado.

Además entre los representantes de Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V. que firman los contratos (uno del 2021 por 851 millones de pesos) se encuentra Vanesa Bernal Martínez, al parecer familiar de Eduardo Bernal Martínez, uno de los principales operadores políticos de Alejandra del Moral, exrepresentante del PRI ante el IEEM –cuando Peña Nieto ganó las elecciones tras un proceso marcado por la violencia y compra masiva de votos- y cónsul en MacAllen Texas en la administración pasada.

MacAllen es la ciudad vecina De Monterrey, Nuevo León…

En otros contratos abultados asignados por la Sedesem a la misma firma, el representante es Jorge Kuri Dzib, un empresa ligada a otras firmas de abogados que han estado recibiendo adjudicaciones por estudios, asesorías y otros intangibles.

Durante una mesa de trabajo para que Alejandra del Moral en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social explicara la contratación de Zumby y sus millonarias asignaciones,  nadie respondió.

A los pocos meses Del Moral  renunció y se postuló por el PRI, PAN y el resto de los partidos que integran la alianza para contender por la gubernatura más peleada del país este domingo: el Estado de México, donde 12.7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas tras unas campañas marcadas por la guerra sucia y  “alertas rojas” fiscales.

Otras firmas cuyos contratos fueron rastreados debido a sus voluminosos montos pero además porque registraron domicilios en el norte del país fue ATM Purity S.A. de C.V., la cual en asociación  con RGC Supply y Mantenimiento Especializado Tampico obtuvo diversas adjudicaciones, pero una en particular por 226 millones 398 mil pesos por “servicios de limpieza y poda”.  

Al buscar los establecimientos tras un viaje de 9 horas y más de 600 kilómetros, uno resultó ser  un despacho contable ubicado en un edificio lleno de notarías y oficinas diversas donde nunca abrieron; uno más una casa común que se anunciaba con una hoja pegada cerca de la puerta y otra, una oficina en CDMX donde no se localizó a nadie pues en realidad corresponde a un centro comercial con vecinos  de los comercios que confirmaron la inexistencia de la firma.

Por otra parte si bien ATM Purity S.A. de C.V.  esta formalmente constituida se ha beneficiado de  contratos que ya fueron observados por la ASF, como uno asignado a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca por 185 millones de pesos para servicios de limpieza,  en un monto que implicaría, de acuerdo a expertos, tener más personal que alumnos.

Otros contratos asignados a la firma también parecen considerablemente inflados  como el rastreado en Tampico (CS/93/2021) por 226 millones 398 mil pesos y con vigencia de ocho meses  para ocupar a  37 trabajadores en 4 sedes del gobierno estatal, según indica el propio documento en su Anexo F.

Lo anterior indicaría que la firma hizo multimillonarios a lo que sería los más afortunados trabajadores de limpieza en México.

En el caso de AT Purity  acompañado por otras firmas o en solitario, fue beneficiado por el gobierno mexiquense con 836 millones  de pesos en al menos tres licitaciones rastreadas por este equipo entre 2020 y 2023 y en todos los casos con sumas que no parecen corresponder a las cantidades de trabajadores de limpieza.

El caso extremo fue un contrato vigente todavía por 424 millones de pesos para contratar 37 empleados durante 11 meses (LPNP-048-2022), es decir que solo por tres meses adicionales respecto al caso descrito arriba hay una diferencia de 200 millones de pesos entre el contrato CS/A/61/2021 y el CS/A/65/ 2022.

Además de estas inconsistencias en os contratos de ATM Purity S.A. de C.V., se detectó que dos de sus socios son citados en trabajos de investigación por casos de corrupción en México a gran escala, como en el caso Odebrecht, mientras que su representante Juan Fuentes Salazar acudió a las licitaciones “públicas” representando a los mismas firmas aunque previamente ya estaban asociadas (1).

En todos los casos la firma compitió en cuando menos tres licitaciones públicas donde no tuvo competidor alguno, y que se resolvieron en tiempo record durante últimos días de diciembre de cada anualidad 

Actualmente México se ubica en el lugar 31 en el índice municipal de corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional, mientras que Edomex a nivel nacional, ocupa los primeros lugares en corrupción en prácticamente todos los indicadores, incluyendo la percepción ciudadana y la empresarial.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya tenía más de 10 mil 600 “empresas fantasma” detectadas en 2019, con un quebranto anual estimado en más de 500 mil millones de pesos anuales, según informó El Financiero el 24 de junio de ese año.

Otras dependencias que asignaron contratos a empresas no localizadas por el consorcio dirigido por Forbbiden Stories fueron: La Secretaría del Trabajo, cuando la encabezó Martha Hilda González Calderón; el Consejo Estatal de la Mujer, con Melissa Estefanía Vargas Camacho al frente; la Secretaría del Campo con Mercedes Colín Guadarrama y la Secretaria de Turismo y Cultura, en la que estarían implicadas con Marcela Velasco, quien falleció recientemente.

En el caso de Martha Hilda González Calderón se informó que es la coordinadora actual de las estructuras del PRI y que Mercedes Colín es la dirigente de la CNOP, también del PRI.

Otro caso destacable es la adquisición de 5 mil 394 sillas desde ejecutivas, hasta plegables y con respaldo ergonómico, además de más de 500 escritorios con una firma de Querétaro donde no pudieron mostrar un solo catálogo y solo se trataba de una oficina dentro de un centro comercial.

En estas compras el gobierno de Edomex gastó 14 millones 325 mil pesos de recursos para combatir la pobreza en un contrato firmado por desarrollo social; otro contrato más con la misma firma adjudicado por la Secretaría de Finanzas por 14 millones 878 mil pesos adicionales; otro por 10 millones de pesos de la Secretaría de la Mujer por 10 millones adicionales y uno más de la secretaría del trabajo.

Otra anomalía recurrente, fue confirmar que se adjudican contrato por productos o servicios a empresas que no tienen esa especialidad, como en el caso de SEVACOM S.A. de C.V. o una empresa de Zinacantepec especialista en audio y video, a  la que se entregó un contrato de casi dos millones de pesos para arreglar elevadores.

Adicionalmente otras firmas con adjudicaciones menores recibieron contratos, solo que sus sedes fiscales nunca fueron localizadas en municipios como Naucalpan, Lerma y Metepec.

https://youtu.be/5mm7OvKLWNg 

Los expertos en auditoría forense consultados consideran que el gobierno del Estado de México podría estar desviando hasta el 90% de su presupuesto que este año alcanza los 360 mil millones de pesos, mientras que políticos locales  no descartan que las elecciones del domingo próximo  podrían estar aderezadas con cientos de millones de pesos malversados con la ayuda de redes  de empresas irregulares como las descritas y funcionarios corruptos que entre 2018 y 2022 estuvieron a cargo de las licitaciones y adjudicaciones.

Los legisladores Azucena Cisneros y Faustino de la Cruz Martínez, señalaron que esta investigación confirma los patrones de saqueo de los fondos públicos que ha mantenido el gobierno mexiquense considerado en los primeros lugares en corrupción y no descartaron que parte de esos recursos estarán en juego el próximo domingo.

Por su parte el profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM), Gabriel Corona Armenta, señaló que es difícil descarta que parte de estos fondos probablemente desviados hayan ido a parar a la campaña del PRI, porque dijo, el tricolor en Edomex no sabe ganar elecciones de otra manera.

Señaló que estas transacciones “sospechosas” forman parte de la cultura priísta que se alimenta de la corrupción y que combinan los negocios y la política. 

“Hacen negocios para hacer política y hacen política para inyectar recursos a sus negocios”, destacó el también exconsejero del IEEM.

Cisneros recordó que apenas en abril pasado la bancada del PRI en la Legislatura Local se negó a llevar un punto de acuerdo a discusión para que se abriera una investigación en torno a la participación de universidades estatales en la llamada “Estafa Maestra” en la cual están implicados al menos 30 altos funcionarios priístas y rectores. El caso sigue impune.

Todas las evidencias que aportó el gobierno del Estado de México para intentar justificar los casos de contrataciones más sospechosos fueron nuevamente verificados, incluyendo visitas a lugares de Ciudad de México y Puebla  donde tampoco se localizaron las instalaciones de las empresas e incluso una resultó ser una herrería modesta, mientras que el resto de los sitios no cuentan con rótulos de ningún tipo, no existen (caso de la dirección de Patriotismo en CDMX).

El gobierno mexiquense insistió que todas las empresas “eran legales”, es decir contaban con registro y que las licitaciones y adjudicaciones también lo son. En las respuestas a solicitudes de información, abundaron en aspectos que cubren las formalidades de la ley, como que las licitaciones son públicas y nacionales, lo cual desde su punto de vista justifica la contratación de empresas foráneas.

DE LOS CONTRATOS.

La mayoría de los contratos aquí expuestos y analizados fueron adjudicados en licitaciones que se desahogaron en cuando menos dos semanas y con la participación exclusiva de las firmas ganadoras, algunas de las cuales llegaban ya asociadas de facto, para simular competencia aunque se trataba de las mismas.

También se licitaron en los últimos días de gestión, aunque el gobierno explicó que eso es posible “para atender las demandas de la población”.

En las licitaciones de ATM Purity se observó que el mismo apoderado que se cita en el caso Odebrecht, Juan Fuentes Salazar acudió como representante de varias de las firmas que llegaron asociadas de facto.

Otro punto importante de los contratos es que en todos los casos ocultan los domicilios operativos de las empresas y solo se da a conocer su “domicilio fiscal”, debido a lo cual el gobierno del Estado argumentó que la mayoría de las cuestionadas empresas tienen diversos establecimientos en toda la República (caso Purity) y almacenes en otros lugares. Imposible confirmarlo si los contratos no lo especifican.

Lo cierto es que con 5 mil 300 millones de pesos, podrían haber permitido la construcción de unas 23 mil 118 pies de casa para personas pobres; o terminar la mitad de los 10 hospitales que dejó inconclusos Eruviel Ávila en Edomex y representa la mitad del gasto anual de la propia Secretaría de Desarrollo Social y el doble del presupuesto anual de la Secretaría del Campo.

Muna Dora Buchaín, recordó que Edomex es la entidad más corrupta de todo el país debido a que prevalece la impunidad y la falta de una fiscalización real.

PRUEBAS DEL GOBIERNO DE EDOMEX: https://docs.google.com/document/d/1Ds7Q4I8tc4HtdkbYwUccX6WY88slX8O7HTZnSPw_Ay0/edit 

1. https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/administracion-anterior-de-coahuila-pago-en-3-8-mdp-a-empresa-vinculada-con-sobornos-de-odebrecht-mcci-HSVG3467743

The Observer Mex