INOCENTES ENCARCELADOS: La lucha de las mujeres por la justicia en Edomex

Tras más de 330 días en plantón exigiendo el cumplimiento de amnistías dictadas a favor de sus hijos y esposos criminalizados por el Estado mexiquese, mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” levantaron su  campamento este 9 de mayo. Se fueron con las manos vacías. Este trabajo es un reconocimiento a su lucha con motivo del 10 de mayo. Gracias por compartir.

MADRE, ME ACUSAN DE UN HOMICIDIO.

*Les llamaron “las locas”  y  también “las pelonas”, son las mujeres que se lanzaron a rescatar a sus hijos, esposos y hermanos de la infernal justicia mexiquense; los gobiernos del Grupo Atlacomulco lo impidieron, aseguran que no se han rendido.

Foto: Roberto García Ortiz de La Jornada. Tere Santiago Lorenzana se rapa a las puertas de la SCJN; tres de sus hermanos están presos desde el 2007 en Edomex.

El 24 de junio del 2021 unas diez mujeres con enaguas raparon por completo sus cabezas frente al emblemático edificio del Poder Judicial (PJEM) de Toluca en un acto de protesta que dejó atónitos a los transeúntes; un mes antes, en mayo, ya habían marchado vestidas de negro llevando los retratos de sus hijos encarcelados por delitos graves que de acuerdo con organizaciones y organismos defensores de Derechos Humanos ellos no cometieron.

También en julio de ese año se extrajeron sangre públicamente por primera vez y con ella dibujaron las palabras  “justicia” y “libertad” sobre los muros oficiales de Toluca;  en mayo del 2022 lo volvieron a hacer pero entonces su plasma vital, lo arrojaron sobre los escudos de algunos de las docenas y docenas de granaderos que les mandó Alfredo del Mazo.

No les importó.

Las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” se lanzaron determinantes a lo imposible”: rescatar a sus hijos de las infernales cárceles del Estado de México.

En su lucha casi mueren  de inanición cuando en agosto del 2021, al menos 19 de ellas se declararon en “huelga de hambre” por primera vez en el corazón de la Plaza de los Mártires y entre el 12 de agosto y el 2 de octubre del 2023, otro pequeño grupo lo volvió a hacer hasta que Delfina Gómez les pidió que se retiraran sin ofrecer les nada.

En 2022 se dedicaron a mover conciencias sobre la criminalización deliberada o intencionada de personas inocentes que reciben imputaciones falsas para mantener abarrotadas las cárceles, ese negocio que en promedio les implica gastos de entre mil 500 y dos mil pesos semanales en comida y pagos extralegales de seguridad, cuotas para uso de instalaciones, agua; para no ser torturados o incluso para tener un espacio para dormir, según contaban a quienes las visitaba en el campamento.

Ese año recorrieron pueblos, sumaron colectivos, lanzaron iniciativas y organizaron foros. El 10 de mayo del 2022, se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y confirmaron a los magistrados que sí… que las cárceles mexicanas y mexiquenses en particular, están abarrotadas de inocentes.

Y para dar constancia de ello realizaron un acto de resistencia y solidaridad de alto impacto. Se raparon de nuevo a las puertas de la máxima sede que administra la justicia en México, justo al paso de magistrados, jueces y Ministros.

Cuando volvieron a empezar de nuevo el ciclo, cortes extremos de pelo, marchas  vistiendo el luto de pies a cabeza como implacables “Lloronas” por sus hijos vivos pero muertos, decían;  las extracciones públicas de sangre y todo tipo de protestas disruptivas en el espacio público oficialista, los policías, funcionarios y algunos sectores de Derecha afines al poder,  las comenzaron a llamar “las locas”  y también  “las pelonas”.

Pero las locas empeoran…

Ya en junio del 2023 habían vuelto a la plaza pública para encadenarse a un símil de celda que montaron frente a la sede del gobierno donde además iniciaron un plantón indefinido e instalaron un campamento permanente. Ahí  trasladaron su vida doméstica, convertida en el bunker de su lucha.

Guadalupe Silvestre, madre de Eduardo Rebollo, criminalizado por el gobierno mexiquense.

Martha Aldama,  madre de Pedro Fonseca, criminalizado por el Estado mexiquense.

En el campamento, donde de vez en vez se encadenaban  literalmente, en solidaridad con sus hijos criminalizados por los gobiernos, jueces y magistrados del Grupo Atlacomulco, comenzaron, adormir, tejer artesanías, vender dulces, hacer tortillas, venderlas y recibir amigos y compartir su pena y su comida.

Por eso a mediados del año pasado hasta ahí llegaron representantes de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para escuchar sus historias y denuncias de criminalización contra sus familias.

Son madres, esposas, hermanas y una abuela rebeldes hasta la médula.

Durante la remodelación de la Plaza Cívica de la capital mexiquense, supuesta obra emblemática de Alfredo del Mazo que implicó cerrar por completo el simbólico lugar donde el 19 de octubre de 1811 una centena de  indígenas insurgentes de origen otomí fueron fusilados, las  “locas”  elevaron el nivel  de su indignación y transformaron las bardas provisionales que cubrían la obra en un “Muro de la Libertad”.

No tardaron ni una semana para tomar cada centímetro disponible en ese muro, para transformarlo en un museo callejero de la indolencia oficial, colgando las historias y retratos de sus hijos, nieto, esposos y hermanos secuestrados, literalmente, por el Estado mexiquense y recluidos en centros penitenciarios locales.

No desistieron.

En abril del 2023 lanzaron tomatazos contra una imagen monumental del jefe del Grupo Atlacomulco y por entonces gobernador oficial, Alfredo del Mazo,  para reclamarle la falta de respuestas y discriminación institucional por género  de la que siguen siendo víctimas al negárseles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía, mientras que en diciembre pasado exhibieron los nombres y rostros de los jueces  del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) involucrados en las fraudulentas sentencias que condenaron a sus hijos sobre montajes jurídicos y torturas.

María Luisa Montoya, madre de Carlos Alberto Estrada, criminalizado por el Estado mexiquense.

Ahí también pero el 8 de diciembre del 2023, mujeres como María Luisa Montoya, madre de Carlos Alberto Estrada o la hermana de Gustavo Martínez Uribe (sentenciado a 40 años de prisión por un juez que lo acusó de “no mostrar arrepentimiento por un crimen que por cierto no cometió) o doña María Felix Peña que este año cumple 74 años de edad y lucha por la amnistía  de su nieto e hijo de apellido Juárez, pudieron poner rostro a los jueces –y juezas- responsables de esta tragedia colectiva y por primera vez también los nombraron.

Simultáneamente aquel día, en una ceremonia paralela, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, quien solo meses antes había prometido que “ningún inocente pisaría la cárcel”, daba ascensos y reconocimientos a sus jueces con motivo de las fiestas decembrinas en una ceremonia oficial, incluyendo a algunos de los que en ese momento eran señalados por estas mujeres.

Pese a ello y no obstante la ausencia de periodistas  y medios que no acudieron a su invitación, “las pelonas”  hicieron una especie de pase de lista frente a la entrada principal de Palacio de Gobierno, para exhibir a quienes consideran sus “verdugos”, en modestas cartulinas que ellas mismas dibujaron para exhibir sus nombres y sus crímenes…

Así por primera vez la indígena mazahua Lilia Reyes, se paró en medio de la Avenida Lerdo de Tejada, donde se suspendió el tráfico, y acuso con su acento indígena al juez Simón Bernardo Álvarez Bastida, de condenar injustamente a 60 años de prisión, a su esposo Carlos Martínez Reyes de un homicidio que no cometió .  Además lo hizo sin proveerle  un abogado especializado en derechos y cultura indígena e ignorando el hecho de que sufrió tortura, como lo asentó la CODHEM en el oficio número 400C1A0000/059/2021,  en el que se decretó su amnistía.

También la joven hermana de Gustavo Martínez Uribe, fue la primera en exhibir el caso del juez Víctor Martín Mejía Hernández, quien sentenció a 40 años de prisión a su hermano por un homicidio en el cual hubo violaciones al debido proceso según el dictamen de amnistía de la CODHEM. Este juez en particular es señalado como responsable en tres casos de víctimas del colectivo, entre ellos el caso de Cristian Chávez.

Por su parte Teresa, hermana de Edmundo, Santiago y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, reveló el nombre de la juez Verónica Contreras Marín que dictó sentencia contra sus hermanos por crímenes que no cometieron. De hecho ella fue la última de una zaga de más de 10 jueces que pasaron por este caso y lo conocieron en trozos. Ninguno revisó el expediente completo en los más de 7 años que duró el juicio, de haberlo hecho habrían advertido las contradicciones del enorme expediente.

María Felix García, comerciante. Madre y abuela de Daniel y Miguel Ángel Juárez

Previamente,  18 de agosto del 2023, esas mismas mujeres organizaron una cabalgata desde San Mateo Atenco hasta la Plaza de los Mártires transmitiendo su mensaje de libertad, protesta y justicia para “que la gente se informe”; algo parecido ya habían hecho en octubre del 2021 en una rodada (en bicis) desde el Museo Bicentenario hasta la Plaza de los Mártires, llevando cada vez, las fotos de sus hijos, esposos, nietos, y hermanos criminalizados.

Las “pelonas” transformadas al tiempo en potentes defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, diseñaron estrategias diversas para mantener renovado su reclamo, por eso  plasmaron los rostros de sus inocentes presos en playeras, carteles  y en enormes mantas que ellas mismas diseñaron y que exhibían a la menor provocación.

En noviembre del 2022, las mujeres de “Haz Valer Mi Libertad” realizaron el Primer Encuentro por la Dignidad, Justicia y Vida de la Caravana Mexiquense, mientras que en marzo pasado, al acercarse a su cuarto año de aniversario como organización, realizaron un foro frente a la sede del ejecutivo estatal, hasta donde llegaron presos políticos que alcanzaron la libertad por vía de una amnistía federal y quienes se solidarizaron con la locura de estas mujeres en el Estado de la impunidad.

La ley de Amnistía del Estado de México se  aprobó a principios del 2021 y  derivo en reglamentos y procedimientos para dar justicia a  los llamados “injustamente presos” por violaciones a Derechos Humanos o al debido proceso, incluyendo un procedimiento particular para los acusados por delitos graves o de alto impacto, como los que enfrentan las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” y sus seres queridos presos.

Entre las irregularidades que se buscó  corregir con la amnistía se encuentran detenciones ilegales, arbitrarias o sin órdenes de aprehensión;  torturas y tratos crueles o inhumanos; juicios a indígenas sin traductor, desechamiento injustificado o cuestionable de las pruebas  de inocencia y de los testigos de descargo, así como sentencias dictadas a partir de un solo testimonio incidental  -conocido como testigo singular- sin peso verídico ni respaldo de algún otro testigo, entre otra irregularidades.

Carmen Flores, esposa del indígena otomí Tomás García Crisanto.

En total la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), dictaminó favorablemente desde junio del 2021 un total de 25 expedientes para otorgar la amnistía a igual número de personas afectadas con juicios que  violentaron sus Derechos Humanos.

Al final quedaron 23 expedientes y hoy, 16.

No obstante que estas resoluciones son reales y están firmadas por quien fuera el titular de la CODHEM,  Jorge Olvera García, el organismo los desconoce en la actualidad, también Delfina Gómez Álvarez, quien por meses enteros ignoró a estas auténticas defensoras de la libertad.

Se solicitó una entrevista con la actual titular de la CODHEM, Mirna García, ex fiscal de feminicidios en el gobierno de Enrique Peña Nieto y designada en  agosto del 2021 por Morena, pero no hubo respuesta de su área de comunicación social.

Finalmente y tras 330 días de plantón en el que no se dio cumplimiento a la Ley de Amnistía del Estado de México por ninguno de los gobernadores del Grupo Atlacomulco y el Grupo Texcoco –fusionados ahora en uno solo-,  las mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad A.C., se retiraron.

Previamente sostuvieron un encuentro con autoridades del Estado de México que les ofrecieron más promesas de revisar sus casos, aunque en teoría ya existían mesas de trabajo desde el año pasado y nunca se dieron a conocer públicamente los trabajos de estas.

La realidad es que los presos por delitos fabricados siguen sin recibir justicia. Además de los casos descritos en este trabajo, otros inocentes a los que las actuales autoridades se negaron  aceptar su amnistía, pese a haber sido decretada, están el indígena mazahua Carlos Martínez Reyes; el universitario Cristian Chávez, condenado a 65 años de prisión y torturado, así como Jorge Rivera Sánchez, quien perdió a su familia tras ser criminlizado.

El colectivo surgió tras la liberación el 30 de enero del 2020 de Humbertus Pérez, un líder social que estuvo prisionero más de cuatro años bajo cargos falsos para acallar sus demandas contra políticos pirístas involucrados en presuntos fraudes inmobiliarios;  tras ser absuelto se lanzó a empujar una Ley de Amnistía estatal al asegurar que al menos el 60% de los presos de las 22 cárceles mexiquenses son inocentes.

Las madres, esposas, hermanas y la abuela de Haz Valer Mi Libertad levantaron su plantón entre lágrimas, al no haber obtenido justicia, y en medio del proceso electoral para renovar el Congreso Local  integrado por 75 legisladores (45 de mayoría); diputados federales y 125 ayuntamientos.

LOS PAGADORES DEL ESTADO DE MÉXICO

*Historias de la criminalización de inocentes en el Estado de México y el imposible acceso a la justicia incluso en tiempos de la 4T

Al hijo de la señora Luisa Montoya se lo llevaron policías ministeriales sin ninguna orden de aprehensión el 18 de diciembre del 2017,luego de ser detenido con violencia mientras compraba quesadillas en una esquina del pueblo de Santiago Miltepec de Toluca, de donde es originario.

Cuando su madre  localizó a Carlos Estrada Montoya  en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, tras recorrer hospitales, ayuntamientos, SEMEFOS y comandancias, se estaba realizando  la primera audiencia de formulación de cargos en un juicio por homicidio que nadie de la familia, ni siquiera él, estaban enterados.

“Madre me acusan de un homicidio que sucedió en el pueblo, no sé quienes me acusan, no sé quién es el occiso, no sé nada…”, fue lo único que alcanzó a decirle al reencontrarse más de  24 horas después, tiempo durante el cual Luisa levantó un acta por desaparición y luego, tras quedar preso se convirtió en una investigadora de tiempo completo, así descubriría el montaje contra su hijo, pero ella no es Florence Cassez.

A Pedro Fonseca Aldama  de entonces 30 años  de edad le ocurrió algo similar cuando un agente  de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sin la orden de un juez, lo paró a mitad de una calle del pueblo de Zinacantepec  y le soltó que tenía que ir a responder por un homicidio de quien sabe quién…

Aunque intentó resistirse y demostrar que se trataba de una confusión,  salieron más agentes y lo amagaron con cargar también con su novia. No tuvo opción.

Al subir al vehículo fue recibido a patadas, amenazas de muerte y  amarrado al piso del auto;  le apuntaban con un arma,  no podía moverse  y en varios momentos de aquel  trayecto  que desbarranco a su familia y su vida,  escuchó  cuando el oficial informaba a su comandante que “ya tenía a la persona,  pero no era el de la carpeta”. Igual se lo llevaron y por horas se lo trago la tierra.

También le ocurrió a Jorge Daniel y su padre Miguel, de apellido Juárez, originarios del pueblo de Santa Cruz Ayotusco de Atizapán.

El domingo 1º de julio del 2018, Jorge de 20 años terminaba su turno  en UBER cuando fue interceptado por sujetos armados;  le quitan el teléfono, las llaves y le roban el vehículo propiedad de su padre; al siguiente día  va con su familia a Naucalpan a denunciar el robo y  automáticamente comienzan a recibir amenazas. Lo citan en la agencia de Barrientos y en un minuto lo transmutan de  víctima a victimario con una falsa acusación de cohecho. Queda detenido.

Días más tarde una juez  lo libera por falta de elementos. Pero se niegan a soltarlo. En lugar de ello los sujetos de aquel  incidente del UBER (que resultaron ser agentes de la FGJEM),  lo retienen en la aduana y lo sacan encajuelado en un auto.

Dany  desaparece cinco días completos y reaparece con nuevos cargos,  ahora por “vender drogas afuera del penal de Barrientos” y un homicidio.  Cuando su padre Miguel logra ubicarlo en ese centro de readaptación y sale del MP para avisarle a la familia, lo alcanza uno de los agentes  y lo detiene como “cómplice” del mismo asesinato por el que acusaron a su hijo.

Así Miguel Ángel Juárez, de entonces 45 años de edad y su hijo de  solo 20 años,  quedan presos y son torturados.  En el suplició para auto-incriminarse, al padre le dislocan un brazo que nunca es atendido y lo dejan con otras secuelas, mientras que el vehículo nuevo nunca es recuperado, dicen que  “el agente ministerial se lo acabo”, ya que jamás se integró la denuncia por robo.

A Eduardo Rebollo de 23 años sus captores policiacos le aventaron unos documentos, tras torturarlo y desaparecerlo más de una semana. “Tienes que pagar un secuestro”, fue todo lo que escuchó, días después de ser “levantado”, lesionado  y  criminalizado por policías de Edomex.

La noche del  5 de octubre del 2017, sujetos encapuchados  lo detuvieron en una  gasolinera de Atizapán.  Tras descender de una camioneta particular portando armas largas, “se le fueron encima  mientras cargaba combustible” por lo  instintivamente intenta huir  –existe un video-,  le disparan y le revientan la quijada de dos tiros; lo suben a su propio taxi, lo llevan a una calle aledaña,  pero antes le roban las llantas.

Aunque va mal herido, lo pasean y en el trayecto escucha lo que parecen negociaciones vía telefónica entre sus captores y otras personas. Horas después lo trasladan a la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli donde se niegan a recibirlo sin una declaración de por medio; lo sacan y vuelven a pasearlo, le quitan la ropa ensangrentada, lo cambian y llevan a declarar por segunda ocasión –sin poder hablar-, luego al Hospital Américas de Ecatepec, de donde  lo sacarían horas después sin recibir atención.

Eduardo desapareció 10 días completos. Lo presentan formalmente después de ese lapso acusado de un “secuestro” en el cual, inexplicablemente él no es la víctima…

Ya encarcelado pasa tres meses en enfermería pero nunca lo operan (se requerían dos placas y 40 tornillos), aún tiene esquirlas alojadas en la cara y su vieja herida aún supura.

Sus captores, agentes del Estado mexiquense en el gobierno de Alfredo Del Mazo, argumentaron durante  el juicio una enredada historia sobre el supuesto “pago controlado” de un secuestro que el juez da por buena, al tiempo que anula  todas las pruebas de su inocencia.

Otro caso fue el de Daniel Plácido Arroyo detenido el 5 de noviembre del 2015 sin ninguna orden de aprehensión.  Se lo llevaron directo de la vulcanizadora donde trabajaba por lo que al momento de su detención  iba cubierto de ese hollín negro que desprenden las llantas viejas y con la ropa sucia debido a la manipulación de rines lodosos, herramienta grasienta y cámaras viejas. Tenía el rostro renegrido también por realizar una labor  en vía pública, circunstancia que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM)  Cosme Díaz Osorio, dos años después, cuando lo sentenció, se lo echó en cara como algo incriminante y verdaderamente digno de ser castigado “por mugroso y moreno”.

Le impuso 70 años de prisión en una sentencia marcada por la discriminación según argumentó la propia CODHEM en el oficio 400C1A0000/060/2021, en el que se pronunció por amnistiarlo de inmediato, tras constatar violaciones a sus derechos constitucionales.

Afortunadamente la noche del pasado 2 de mayo y tras ocho años y siete meses de prisión,  Daniel Plácido obtuvo su libertad por la vía de una revisión de su carpeta  pero no por la amnistía a la que tenía derecho, lo que le hubiera ahorrado prácticamente tres años.

El resto de las personas inocentes criminalizadas por el Estado y en cuyos casos se dictaminó la amnistía desde el mes de junio del 2021, en términos de la Ley de Amnistía del Estado de México promulgada en enero del 2021,  siguen presas.

Amnistías robadas

Los dictámenes emitidos por la CODHEM para amnistiar por primera vez en la historia a personas inocentes criminalizadas en el Estado, imputándolos de delitos graves datan del 2021, pero las autoridades mexiquenses, incluida la propia CODHEM, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM)  y la gubernatura, no las han acatado.

Según el dictamen 400C1A0000/061/2021 emitido por la CODHEM el 3 de junio del 2021 para otorgar la amnistía a favor de Carlos Alberto Estrada Montoya, durante el juicio sufrió discriminación, tortura y se valoraron mal las pruebas d descargo.

Entre las irregularidades avaladas por el organismo en estos expedientes están detenciones arbitrarias y sin órdenes de aprehensión; torturas y tratos crueles y degradantes;  desechamiento de pruebas de descargo o deficiente valoración de estas –las que comprobaban la inocencia- por parte de los jueces implicados o Ministerios Públicos, entre muchos otros fallos

En el caso de Estrada Montoya,  la representación social no presentó ninguna prueba sólida  que demostrara la culpabilidad de este albañil,  aunque en su lugar la juez anuló todas las pruebas de descargo, incluyendo testimoniales de testigos directos y documentos  que comprobaban que el día de los hechos estuvo  en otro sitio y con otras personas.

Al final la juez María Levit Becerril García le impuso 47 años de prisión, por lo que a los 70 años exactos podría alcanzar la libertad.

De acuerdo con  Antonio Lara Duque, presidente de la  organización defensora de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero A.C.”, en todos estos casos de personas criminalizadas durante gobiernos priístas recientes, se trató de “montajes” judiciales y mediáticos para incriminar a las víctimas de delitos cometidos por otros que lograron –por alguna razón inentendible- evadir la cárcel  y ser suplantados por inocentes.

Se trata a quienes en los corrillos de la “justicia mexiquense” se les bautizó como  “pagadores”, esto es personas comunes, generalmente morenas y pobres – que meten a las cárceles bajo estrategias judiciales y policiacas fraudulentas, para literalmente “pagar” los delitos de otros.

En el caso de los expedientes de amnistía por delitos graves que las autoridades mexiquenses se negaron a acatar –ahora aseguran que analizaran los casos otra vez, ignorando los primeros dictámenes-,  el abogado Antonio Lara Duque de “Zeferino Ladrillero A.C.”, aseguró que el Poder Judicial (PJEM) y la CODHEM, se encuentran “entrampados”, frente al tamaño de la corrupción judicial y  violaciones al “debido proceso” que contextualizan estos casos, ya que   exponen con crudeza cómo opera  la impartición de justicia en  Edomex.

Entrevistado en febrero pasado para este trabajo, Lara Duque refirió que tanto la CODHEM como el PJEM, se encuentran en lo que parece un paradoja, pues si aceptan los dictámenes de amnistía del 2021 para hacer “auténtica justicia”, quedará expuesta la  calidad de la justicia que reciben –o no reciben- los mexiquenses…

“Están entrampados”, insistió.

EL TERROR

*Historias de corrupción ministerial y judicial, y de criminalización de personas inocentes en el Estado de México

Dicen que al indígena Tomas Gabriel Crisanto lo torturaron “de pies a cabeza”. Su cuerpo en pocas horas se convirtió en una llaga viva que lanzaba  alaridos en otomí  que nadie entendía.

También en otomí intentó defenderse ante el juez que reiteradamente le negaba la palabra, sin siquiera atender a su versión de los hechos en esa lengua extraña…

La historia de Tomás es representativa pero no es la única. Llegó directo a su suplicio por propio pie, de buena fe, dirían. Se presentó a declarar inmediatamente después de que  supo que policías lo habían ido a buscar.

“Lo recibieron a putazos…”.

Tomás recibió choques eléctricos en diversas partes del cuerpo, incluyendo sus partes íntimas;  golpes en la cabeza y  puñetazos en los oídos que le provocaron sordera casi total;  jalones de cabello; golpes en manos, dedos y pies, costillas, cabeza, cadera; torceduras de hombros, brazos, piernas; y tortura psicológica con amenazas de desaparecer,  torturar y violar a su esposa y su hija si no accedía a incriminarse por escrito.

Al igual que Tomás existen al menos otros dos indígenas, criminalizados y torturados, que  permanecen en la cárcel a pesar de que la CODHEM emitió dictámenes para amnistiarlos de inmediato ante la considerable cantidad de anomalías detectadas en sus juicios.

A Daniel Plácido Arroyo, trabajador de una vulcanizadora de paso –y el único de este grupo que fue liberado  pero no por la vía de la amnistía-, lo secuestraron  el 05 de noviembre de 2015 sujetos  que se dijeron ser policías, sin orden de aprehensión ni identificaciones oficiales y a bordo de una camioneta privada.

En algún lugar no público y desconocido lo sometieron a diversas sesiones de tortura; le quemaron la barba en directo con un encendedor, lo que le provocó quemaduras en la cara y cuello; recibió golpes en el rostro y cuerpo propinados con la mano abierta para no dejar marca; le hicieron “palancas” con los brazos hacia atrás y hacia arriba hasta casi reventarle los homoplatos –razón por la que actualmente sufre de tics  y dolores crónicos.

Plácido Arroyo también paso por la “ruleta rusa” algunas veces con el cañón en los oídos y otras en la boca abierta con la cabeza echada hacia atrás.

Las denuncias por detenciones arbitrarias y torturas en el Estado de México son desbordantes, saturan las instancias disponibles para los ciudadanos donde pueden al menos poner una queja,  de las que escasamente prospera alguna.

Tan solo de las 2 mil 635 solicitudes de amnistía que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en 2021, en 285 casos la motivación de la solicitud fue la tortura, sin embargo  esto solo podría reflejar parcialmente la brutal realidad del sistema “de justicia” mexiquense,  ya que el organismo recibió  978 denuncias  en total por tortura ese mismo año de acuerdo con su informe anual.

En este caso la fiscalía (FGJEM) sigue siendo la principal autoridad señalada como responsable (no citamos a los ayuntamientos porque su autoridad no es equiparable a la de una instancia como la fiscalía).

En contraste, el informe de labores 2021 del presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México (TSJEM) Ricardo Sodi Cuellar –designado ahí por su amistad con Alfredo del Mazo Maza a pesar de no contar con carrera judicial- , no suscribe una sola sentencia  que haya sido emitida ese año por el delito de tortura, no obstante el propio Plácido Arroyo denunció su caso en la carpeta TOL/TOL/FSP/005/013012/16/07, que al parecer nunca se integró, pero si es citada en el dictamen de amnistía  400C1A0000/060/2021, del 03 de junio del 2021), emitido a su favor.

Como se sabe el pasado 2 de mayor este Placido Arroyo se integró a su hogar tras casi nueve años de permanecer injustamente preso,  sin embargo el dictamen que lo amnistiaba desde el  2021 nunca fue acatado, sino que su libertad se logró por medio de otros recursos legales.

Pero 2021 no fue atípico en las quejas por tortura contra agentes del Estado mexiquense  ante la CODHEM. Los suplicios constituyen una práctica vigente para forzar los casos y obtener “autoculpas” en tiempo record, confirmaron familiares.

En 2016 –por ejemplo- la procuraduría local y ahora fiscalía, concentró el 21.5% de quejas ante el ombudsman local por abusos contra los ciudadanos, esto es un total de 2 mil 098 personas que reclamaron violaciones “a la igualdad y seguridad jurídica”; otros 550 denunciaron violencias a su “derecho a la libertad”, otros mil 15 a su derecho a la “integridad y la libertad personal”.

En 2019 ya siendo gobernador Alfredo del Mazo, la FGJEM ocupó también el primer lugar estatal entre todas las dependencias del Poder Ejecutivo en quejas ante el ombusman local por presuntas violencias institucionales a los Derechos Humanos, con un 20.5% del total y 2 mil 156 denuncias ante la CODHEM, la mayoría por tratos indignos violatorios de la integridad, la seguridad personal y la libertad.

Además en 405 casos se denunció la violación al  “derecho a la protección contra toda forma de violencia”; en 406 casos por violentar el derecho a la protección de la integridad; en 310 casos por una inadecuada administración y procuración de justicia y 978 casos adicionales por violentar el derecho a la debida diligencia.

También en 2020 se presentaron  2 mil 036 nuevas quejas contra la fiscalía -sus agentes y funcionarios-; y 291 contra el Poder Judicial (PJEM).

El motivo de queja en 2 mil 968 casos fue por presuntas violaciones a la legalidad y seguridad jurídica –señala el informe del organismo autónomo-; en 313 casos por la violación al “derecho a la libertad”; otros mil 248 casos por violaciones “a la integridad y seguridad personal” y 2 mil 968 más por violentar el “derecho a la legalidad y seguridad jurídica”.

Cada año –salvo 2021-, los “eufemismos” que suplantan el término de “tortura” en la estadística de la CODHEM se renuevan o cambian, lo que dificulta el seguimiento de casos,  mientras que en 2022 la estadística por tortura en el informe de la CODHEM, desapareció por completo.

En 2007 los hermanos Heriberto, Edmundo y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, fueron culpabilizados sin pruebas científicas por un homicidio y torturados simultáneamente  en oficinas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que operan como mazmorras, según el testimonio de las víctimas conocido a través de su familia.

Los hermanos Lorenzana fueron pateados, asfixiados, azotados contra el suelo y apaleados en espalda y glúteos, además de recibir toques eléctricos en las partes íntimas (lo que provocó en uno de ellos cáncer testicular); también recibieron  golpes  en cabezas, jalones de pelo, arrastramientos  y sometimiento a tortura psicológica en las oficinas ministeriales, hasta obligarlos a firmar, prácticamente con sangre, sus propias culpas ficticias.

Antes del suplició fueron “cazados” uno a uno en las calles de su pueblo  en Santiago Tianguistenco por personal que se dijo ser de la FGJEM, pero sin acreditaciones, ni ordenes de aprehensión y sin uniformes o vehículos oficiales.

Así, ante la falta de pruebas,  el de los Santiago Lorenzana es un caso construido en retazos inconexos que los once jueces y casi 20 secretarios que fueron y vinieron sobre  los 20 tomos del voluminoso expediente y largo juicio, no se molestaron en revisar de forma íntegra una sola vez para dar cuenta del “mamostreto” que habían creado entre todos.

La última jueza de este caso Verónica Contreras Marín, se presentó en la parte final del juicio para simplemente estampar su firma en  la sentencia de más de 60 años de prisión por un homicidio que en la realidad quedó impune, pues este fue un montaje más pero a tres pistas…

También existen expedientes como el de Eduardo Rebollo o los hermanos Santiago Lorenzana, en los cuales las víctimas de los delitos de alto impacto fueron coaccionadas por agentes del Estado para mentir y difamar a los “falsos” criminales –los llamados “pagadores”  que suplantaron a los criminales- por lo que la justicia hasta para las propias víctimas fue boicoteada, al convertirlas en verdugos dentro de sus propios juicios.

Un caso similar fue el de los Juárez (padre e hijo) e incluso el de Pedro Fonseca –de Zinacantepec- en el cual los agentes ministeriales, se esforzaron no para esclarecer la verdad de un crimen, sino  para proteger la fabricación de la carpeta que manufacturaron, obstruyendo  testimonios y pruebas de descargo reales;  destruyendo videos y evidencia fidedigna;  amenazando de muerte a testigos presenciales –que inicialmente habían aceptado comparecer como parte de las pruebas de la defensa (caso de Pedro Fonseca)- y en fin, hundiendo al “pagador”.

Los hermanos Santiago Lorenzana, al igual que el resto de “los pagadores” de Haz Valer Mi Libertad A.C., son parte de las víctimas de este singular sistema de justicia mexiquense y se encuentran en la larga fila de “falsos positivos” que demandaron la amnistía, por lo que sus casos  están en suspenso.

Un informe de la presidenta de la CODHEM, Myrna García Morón, dirigido al Congreso Local del 14 de marzo del 2022, indica que a esa fecha se tenían registradas 3 mil 076 solicitudes de “amnistía”, de las cuales 2 mil 168 son “por delitos de alto impacto”, es decir potenciales casos de fabricación de carpetas similares  a los que desataron la movilización de familiares de “Haz Valer Mi Libertad A.C.”.

Leidy Plácido Arroyo,  reconoció que estamos frente a un sistema de justicia en Edomex que castiga la pobreza  y discrimina a las personas morenas, al negarles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía. Este jueves 9 de mayo antes de levantar su campamento y sostener un encuentro convocado por Delfina Gómez, Plácido advirtió que la lucha debe seguir, pues si bien su hermano Daniel logró la libertad, hay docenas de casos -16 de su grupo- que esperan por verdadera justicia.

Esta ley fue promulgada el 5 de enero del 2021 y entró en vigor al día siguiente. Fue generada para llevar justicia a las personas de escasos recursos y grupos vulnerables –como personas indígenas y mujeres- que permanecen en las prisiones.

Adicionalmente se instituyó un mecanismo para revisar los casos de personas con delitos de “alto impacto”.

El artículo 4, fracción XII de la Ley de Amnistía del Estado de México establece que “con independencia del delito que se trate, se decretará amnistía a las personas privadas de la libertad que cuenten con resolución o pronunciamiento de algún organismo nacional o local de derechos humanos en el que se proponga su libertad, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso”.

El nuevo modelo de justicia, uno criminalizante y racista…

Las detenciones ilegales  de personas que abarrotan las cárceles en México son  resultado de un intrincado esquema de suplantación de inocentes por  criminales que ha venido operando en el país desde el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y que en el caso de Edomex, marcó los gobiernos priístas a partir de Arturo Montiel Rojas, aseguró el activista Adrián Ramírez.

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos  (LIMEDDH), sostuvo que  durante la gestión panista se impuso un “narco estado policiaco militar” que a su vez derivó en un modelo criminalizante contra la población de menos recursos, ya que al tiempo que se controló y organizó a la delincuencia desde las propias instancias de seguridad, se impulsaron reformas profundas para supuestamente mejorar el  “derecho” , lo que favoreció a los grandes capitales, pero no para mejorar el acceso a la justicia.

“Ellos crearon un  estado de Derecho que rompía con la justicia, y entonces por ejemplo jueces, Magistrados y Ministerios Públicos, cuidaron una legalidad que fue modificada para mantenerla pero no daban justicia; entonces topamos con una justicia clasista, racista, sexista y altamente corrupta”, resumió.

El activista que impulsa la libertad de más de 30 presos políticos en el país, aseguró que este sistema  ha colocado en el centro la supuesta alta reputación de los jueces, así se violen Derechos Humanos masivamente

“Y eso fue lo más grave porque con la intención de proteger a los jueces por su importancia de encomienda, aquí buscaron pagar mejores salarios a todos ellos, supuestamente con la idea de que no se corrompieran y lo que devino fue en un aumento en la cuota para aspirar a la corrupción, y solo los que podían tener acceso a la justicia pagando eran los realmente beneficiados, como lo seguimos observando en los fallos judiciales que se tienen”, sostuvo.

Admitió  que sería difícil de creer que estos esquemas han sido desmantelados  en el Estado de México, durante la nueva administración.

Por otro lado  y  de acuerdo  a lo que se desprende de los propios dictámenes de amnistía que rechazaron reconocer las autoridades actuales de Edomex  y los testimonios de las víctimas y sus familias, en los montajes jurídicos del Estado de México estarían involucrados agentes ministeriales,  defensores públicos, abogados privados y hasta jueces y Magistrados  implicados directa, indirecta y tangencialmente en la fabricación de carpetas.

Es por ello que frente a esta circunstancia las familias de “pagadores” pero particularmente sus madres, hermanas, esposas e hijas se lanzaron a rescatar a sus hijos, para convertirse en improvisadas investigadoras y criminalistas, además de activistas por la libertad.

Así Guadalupe Silvestre, una modesta mujer de 50 años de edad originaria de un pueblo de Atizapán, descubrió que había un video en el que quedaba constancia de la violenta detención de su hijo Eduardo Rebollo –en 2017- sin ninguna orden de aprehensión y a punta de pistola, por lo que la supuesta teoría de que Lalo asistió a un “pago controlado” de un secuestro, era falsa.

O el caso de Luisa Montoya quien no solo encontró los elementos científicos de la inocencia de su hijo, sino también localizo testigos oculares del crimen en el cual el auténtico autor también se llamaba Carlos como dato adicional al falso montaje y que al parecer fue motivo para criminalizarlo ya que “necesitaban un Carlos de la zona”; o Martha Aldama, una mujer divorciada de Zinacantepec,  quien ubicó a los testigos del homicidio por el que acusaron a su hijo Pedro y reconstruyó ella misma la investigación que nadie, ningún agente de la FGJEM, se molestó en integrar para salvar a un inocente.

Que decir de María Felix García de 73 años de edad, la única madre y abuela  de “Haz Valer Mi Libertad”, a quien en un solo evento criminalizante le arrebataron a su hijo y a su nieto de apellidos Juárez. Ambos en la actualidad son explotados por el sistema judicial, ya que son expertos en construcciones y han participado en la edificación y equipamiento de juzgados sin cobrar un solo peso.

Ella sola pese a su edad, encontró testigos y rastreó a la víctima –otra mujer- del crimen que le imputaron a sus dos hijos –como ella les llama-. O el caso de Teresa Santiago Lorenzana, quien junto con sus hermanos que quedaron –ya que tres fueron detenidos y torturados-, se inscribieron en la universidad para estudiar la carrera de Derecho tan solo “para entender el expediente y defender” a los otros tres que permanecen en la cárcel desde el 2007.

Años después reconstruyeron el caso con las pruebas  de la inocencia de Heriberto, Edmundo y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, encarcelados por un homicidio de alguien que nunca conocieron.

En todos los casos nada sirvió.  Los jueces “traían línea” como asegura Luisa, quien al igual que en el caso de Eduardo Rebollo, los defensores públicos que les asignaron, se esforzaron pero para persuadirlos a aceptar culpas ajenas…

Los montajes armados sobre “pagadores”, buscaban “solventar” las desbordadas estadísticas delictivas del Estado de México, coincidió  Antonio Lara Duque de la organización defensora de Derechos Humanos, “Zeferino Ladrillero A.C.”.

Coincidió que la fabricación de carpetas se hizo por años en Edomex, para simular que la impunidad se estaba combatiendo y que las estadísticas delictivas iban a la baja.

Entonces lo más fácil, asegura, era salir a las colonias paupérrimas, a los pueblos alejados, donde está la gente más pobre y cazar inocentes.

Indicó que así, en estos montajes usaron sobre todo personas de barrios pobres y particularmente morenos. La mecánica era sencilla, advierte, son detenidos por cosas simples y ya en la cárcel se les imputaban carpetas de delitos graves sin resolver.

Del grupo original que obtuvo la acreditación de la CODHEM para ser amnistiados por ser inocentes, fueron excarcelados al menos uno por evasión y daño en bienes, otro por robo a casa habitación, otro por robo de vehículo automotor y otro por homicidio, mientras que el 02 de mayo pasado fue excarcelado  Daniel Plácido Arrollo pero no por la vía de la amnistía.

Otros más obtuvieron la libertad pero nunca se han respetado los dictámenes de la CODHEM del 2021.

A la fecha suman 16 casos de “Haz Valer Mi Libertad” que demandan la efectividad de este derecho, lo que  auténticamente sentaría un precedente, además de otros alrededor de cien casos que se sumaron en el último año.

Datos sueltos:

Myrna García Morón, actual presidenta de la CODHEM, desechó los dictámenes de amnistía por delitos graves al emitir una nueva normatividad para atender las solicitudes, según se desprende de un oficio dirigido a la Legislatura Local el 14 de marzo del 2022, para darle respuesta a un exhorto del  Congreso Local en el que le pide atender a campesinos que buscan amnistiarse.

La anulación de los dictámenes  se dio sin transparencia por parte de la ombudsman, quien en dicho oficio también dejó claro que la categoría de “campesino” no es aplicable a los indígenas, o por lo menos no a los que promovieron una amnistía ante el organismo.

La ombudsman quien antes también fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México  (donde promovió lactarios, clases de yoga y permisos para faltas por trastornos fisiológicos o menopausia, pero sin castigar un solo caso de corrupción a gran escala durante el gobierno de Alfredo del Mazo), fue designada en la CODHEM por los diputados de Morena el 13 de agosto del 2021,  no obstante su perfil –o quizás por ello- como ex fiscal de feminicidios durante  el gobierno de  Enrique Peña Nieto (2005-2011).

El 19 de marzo pasado se solicitó una entrevista con la presidenta de la CODHEM o el responsable de las amnistías para este trabajo, pero no hubo respuesta. Fuimos ignorados, al igual que en el PJEM, donde tampoco contestaron un cuestionario que les fue enviado.

El Estado de México se ha mantenido en los últimos años en los primeros lugares en los niveles de homicidios, feminicidios y robos en todas sus modalidades, mientras que durante el sexenio  de Alfredo del Mazo se dispararon las  extorsiones  en 1358.12%, al iniciar con  mil 385 casos anuales en 2017 y cerrar con 18 mil 810 casos entre enero y agosto del 2023, por lo que en realidad el aumento de este delito se acercó al 2000% en seis años.

Actualmente la entidad se ubica entre las seis entidades con más homicidios a nivel nacional (de acuerdo  datos proporcionados en la conferencia matutina de AMLO) y tan solo de enero a marzo  de este año aumentaron 12.71% los asesinatos y la incidencia delictiva un 11.65%, en datos oficiales  del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

Además y de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda,  el Estado de México se ubica en tercer lugar en número de personas desaparecidas con 12 mil 406 casos, después de Jalisco con 14 mil 988 casos y Tamaulipas, con 13 mil 178. Cuenta  también con el doble de desaparecidos de Veracruz, el cual reporta seis mil 858 casos y Nuevo León, con seis mil 673.

Finalmente y pese al fenómeno de fabricación de culpables, torturas, abarrotamiento de cárceles y niveles de impunidad del 94% en Edomex, según la Universidad Panamericana de Guadalajara, Delfina Gómez se pronunció el pasado miércoles en contra de erradicar la “prisión preventiva” en la entidad.

También este jueves la mandataria encabezó un evento en Palacio de Gobierno en el que aseguró que su gobierno «hace justicia con la liberación de presos inocentes…”

Señaló  que abrirán nuevas mesas de trabajo, mientras Horacio Duarte, el secretario general de gobierno dijo que en Edomex “hay una nueva era”.

En el evento discursivo estuvo Ricardo Sodi Cuellar titular del PJEM, quien se ha negado a admitir los dictámenes de amnistía, el fiscal y la titular de la CODHEM, quien repudió los informes y nunca los transparentó.

Delfina Gómez cuenta con las capacidades legales para ordenar la amnistía o el indulto que en una tarde de movilización las mujeres del colectivo también le demandaron.

La realidad es que los pagadores del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” siguen pagando culpas ajenas.

Ma. Teresa Montaño/The Observer, periodismo y verificador del discurso público

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