La liberación de los 3 indígenas de San Pedro Tlanixco, representa un gran avance en la grave problemática de impunidad que enfrenta el estado de México y que de acuerdo al reciente informe de «Impunidad Cero», la probabilidad de denunciar y esclarecer un delito en Edomex -con base en la efectividad de la FGJEM- es de 1.04%. Sin embargo resulta preocupante que fue necesaria la intervención de la Senadora Nestora Salgado ante el nuevo subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, para que la maquinaria local se pusiera a trabajar y la causa de los «presos políticos de Tlanixco» atrajera la atención de las autoridades mexiquenses que, hasta antes de eso, no sólo habían venido violando sistemáticamente el debido proceso en este caso, sino que se ensañaron en lo posible para cerrarle los causes hacia una justicia efectiva.
Durante más de una década los indígenas de Tlanixco no encontraron causes ni oídos ante sus denuncias de injusticia, tuvieron que pasar prácticamente dos sexenios completos y que el PRI saliera de la presidencia de la República para que éstos, y otros temas de injusticia social, comenzaran a tomar parte del escenario nacional -perdón por la cacofonía involuntaria-.
No puedo dejar de poner el dedo en la llaga, pues es lamentable que hasta en tanto no hubo un cambio de tanta trascendencia es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), se puso a trabajar y después de diez años, claro, pudo ver, casualmente, las inconsistencias, omisiones y violaciones al debido proceso en el caso Tlanixco. También sucedió en otros casos de los que abarrotan las cárceles mexiquenses, no pasemos por alto que los estudios de impunidad más recientes, ubican este indicador para Edomex entre un 92 y 93 por ciento. Pueden escribirme a maritel17@hotmail.com y con gusto les comparto el documento.
Por otro lado, hablando con legisladores y activistas, pudimos averiguar que existen alrededor de 30 presos de conciencia recluidos en cárceles estatales, algunos fueron liberados en diciembre pasado, originarios de Oaxaca, profesores, pero existen algunos otros en el penal de Chiconautla, en Ecatepec; en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y en el de máxima seguridad del Altiplano. Aclaración, no todos del estado de México, muchos proceden de otras entidades y fueron trasladados aquí como una de las medidas que se aplicaron a estos presos de conciencia para coartar sus vínculos y dificultar su defensa.
Estamos en vísperas de que arranque el próximo periodo ordinario de sesiones y no sería mala idea que los legisladores revisen dos temas claves: el programa de verificación obligatoria -adicional al normal- que se sacó de la manga el gobierno del Estado de México para arañarle más recursos a la población (aparte del programa de reemplacamiento) y el supuesto programa de «austeridad» que publicó la semana pasada la administración delmacista, donde lo único austero es el título, pues el documento, además de enredado, no fija metas precisas -con números- y no habla de lo principal, como, por ejemplo, los recortes a colaterales para los altos funcionarios gubernamentales. No dice por ejemplo si se van a dejar de gastar 25 millones de pesos en la Casa de Gobierno que le pagan los mexiquenses al gobernador, ni la asignación de guaruras a altos funcionarios o de camionetas de lujo o si ya no van a contratar seguros médicos. Cero precisión. Incluso en algunas partes dice que no se pueden hacer contrataciones en las áreas de gobierno y líneas abajo, dice que si. A lo mejor por eso le acaban de dar un alto cargo como subsecretario, al hijo del exgobernador Alfredo Baranda, en la secretaria de Desarrollo Social.
En el caso del programa de verificación obligatoria, publicado en pleno periodo de asueto tanto de legisladores como de la población en general, se obliga incluso a los automovilistas foráneos. Tanto el costo de este programa, como el de reemplacamiento forzoso, y un eventual programa de licencias permanentes de manejo, que ya analizan los legisladores, de fondo fondo, lo que buscan es compensarle al gobierno delmacista los recortes que se hicieron al proyecto presupuestario del mandatario, lo malo es que pulveriza cualquier ingreso a las familias pobres (60% de los mexiquenses) vía los programas sociales.
PARA IRME
No es uno, ni dos ni tres, los comentarios que he escuchado sobre el nuevo espaldarazo que le dio Andrés Manuel López Obrador al gobernador Alfredo del Mazo, en sus recientes giras a Edomex.
No sólo los sureños se han quedado con el «ojo cuadrado» y no pocos ciudadanos mexiquenses de a pie ya comienzan a sentirse traicionados. La cuestión es esta: ¿En que momento pasamos de gobernador espurio que se robó la gubernatura a es un buen gobernador -y le levanto el brazo-?
La pregunta ahora es: ¿Que se habrá negociado, por debajo de la mesa, con el Grupo Atlacomulco? Si alguien sabe la respuesta, por favor coméntenos.
Hasta la próxima.