CÍRCULOS DE PODER: Pasan cuatro años de una inútil Alerta de Género en Edomex

Estamos a meses de que se cumpla el cuarto aniversario de la Alerta de Género implementada en once municipios del estado de México, sin tener al momento un solo avance significativo en el combate de este gravísimo fenómeno que sigue enlutando a cientos de familias. Pero lo más grave sin duda es que como lo señalaron los colectivos de familiares de víctimas que se congregaron en el último Foro realizado en Toluca, es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) (si la fiscalía, no, no los delincuentes, no los jueces, no la inseguridad), la Fiscalía y específicamente el Fiscal, Alejandro Gómez Sánchez, los principales obstáculos para alcanzar justicia en los casos de feminicidios y desapariciones que lejos de disminuir o resolverse bajo su dirección, siguen aumentando. Pero quizá ese no sea el problema, el problema es que su fiscalía no investiga y no resuelve nada, si no hay dinero o flashazos de por medio.

¿Esto materialmente en que se traduce?, en lo siguiente: los familiares de víctimas de feminicidios y desaparición no ven un avance –ni rápido, ni regular-, en la investigación e integración de las carpetas; siguen siendo maltratadas, humilladas y sin atender por los ministerios públicos (comunes y especializados); reciben maltratos, humillaciones y hasta gritos, tanto en oficinas de la FGJEM, como en las del gobierno del Estado de México, específicamente en aquellas que tienen que ver con las oficinas de atención a víctimas o similares; en general los familiares nunca son orientados ni con respeto, ni con frecuencia ni a detalle sobre sus casos; el peregrinar aquí y allá buscando ayuda sigue, y eso incluye por cierto a las oficinas de legisladores y legisladoras, que si bien han realizado foros y de esta manera coadyuvado a visibilizar en algo la magnitud del problema, han caído en los mismos vicios de sus antecesores, lamentablemente, dando voz y recurriendo más a los canales burocráticos, que sentarse a atender, escuchar, escudriñar y si es necesario, gestionar uno a uno los casos. No se espera menos.

En días pasados, en el citado Foro, platicaba con algunas de las madres de mujeres asesinadas o víctimas de feminicidio en las cuales estos crímenes de género se prolongan, tanto en los hechos como en el tiempo, debido a la violencia institucional y estructural que enfrentan y que describo arriba. Me llamó el caso de la señora Magda en quien se resume de manera dolorosa y sorprendente el grado de este tipo de violencias tan persistentes, contra la mujeres pobres, en el Estado de México.

Ella es madre de Fernanda, una joven de Cuautitlán Izcalli de 18 años a quien su pareja asesinó a golpes, colgó y después degolló, para intentar pasar el caso como suicidio, en un símil espantoso del caso Marina Lima de 2010 en Chalco, que al paso de los años retumbó en la Corte Interamericana y en la SCJN, marcando agenda nacional para investigar todos los asesinatos de mujeres como feminicidios.

Pues bien, Magda logró, bajo asecho y amenazas del homicida (con nexos de familiares en los Ministerios Públicos) que su la carpeta se reclasificara. Las amenazas después se cumplieron y asesinaron a sus dos hijos mayores que luchaban con ella por justicia. La carpeta de Fernanda sigue arrumbada, Magda tuvo que huir de Izcalli y se quedó, a los 57 años, con cuatro hijos-nietos, uno de Fernanda y tres más de otro de sus hijos asesinados. En gobierno le han negado becas para los pequeños y hasta despensas. La obligan a “facturar” los mil 500 pesos que “a veces recibe” para trasladarse a foros y a Ministerios Públicos donde acude para buscar justicia. Ahí, en la fiscalía de Gómez Sánchez y en la comisión de Víctimas de Alfredo del Mazo, le han dicho que no pida, que no tiene derecho a pedir nada… casi casi que desaparezca. Todo esto me lo narro a 20 metros de las diputadas.