El gobierno federal inició un primer esfuerzo por transparentar el uso de recursos públicos en publicidad, al emitir lineamientos que buscan, tentativamente, erradicar la aplicación de estos presupuestos de manera discrecional, y aunque ya comenzaron a comentarse algunas de las limitantes que presentan las directrices, es de llamar la atención que al menos ya se comienzan a dar pequeños avances.
Esta situación resulta totalmente contrastante con lo que ocurre en el Estado de México y otras entidades del país, sobre todo donde gobierna el PRI y el PAN.
En el caso particular de la entidad mexiquense, la “política del chayo” forma parte de los modus operandi que utiliza la coordinación de comunicación social, para coaccionar, presionar, intimidar y violentar a los reporteros, columnistas, redactores, directivos, fotógrafos, comentaristas –directores de noticieros incluidos- y comunicadores, sin que ello signifique que “toooodos” hayan aceptado estos oprobiosos mecanismos que dicho sea de paso, son el equivalente a pasarse la cuerda por el cuello, aunque algunos la cuerda la usan de corbata… y ni se lo cuestionan, así de grave es este asunto.
Esta política se complementa con otras prácticas, tan ruines como la primera, pero de baja intensidad y aún más lesivas, pues quienes no aceptan este tipo de prácticas, son sometidos a “formas de silenciamiento” que buscan no solo golpear la credibilidad del periodista honesto, sino desacreditarlo “por lo bajo”, mediante campañas de desprestigio directo entre sus iguales, jefes de área de comunicación, dependencias, diputados, funcionarios y políticos.
Estas campañas pueden ser las peores, pues representan obstáculos indirectos y cobardes al derecho del libre ejercicio del periodismo y eventualmente al derecho a la libertad de expresión, pues el fin último de estas campañas, es obstruirlo a cómo de lugar.
Hay autores que han documentado este tipo de campañas de comunicación dirigidas contra periodistas que se niegan “a entrar al aro”, periodistas libres por supuesto. El objetivo es aislar al periodista independiente o crítico –vía campaña de desprestigio o intimidación directa- y eventualmente acallarlo. Lo más terrible de estos cercos, es que los propios compañeros de la víctima –de una especie de bullying silencioso-, pueden ser involucrados en estas políticas mediante los chayos, contratos irregulares pero “suculentos” de publicidad o replicando las campañas de desprestigio, o actuándolas.
Por cierto, en los Foros Escucha yo participe en el realizado en Toluca el año pasado para exponer este tema, lo entregue por escrito.
Sigo. En una reciente visita que hice a la Ciudad de México para participar en el Primer Encuentro Latinoamericano de Periodismo Independiente, escuche y compartí con compañeros de Colombia, Perú y de estados como Guadalajara, Chiapas y Oaxaca, experiencias espeluznantes de este tipo de prácticas que golpean por lo bajo, la moral y la salud emocional y psíquica de los periodistas que no han cedido a la política del chayo y quiero decirles, que en el gobierno del Estado de México, algunas de estas prácticas prevalecen, es más, se intensificaron en esta administración.
Dichas prácticas pueden complementarse con otras que pueden ir desde las negativas a proporcionar información a los reporteros críticos, a pasarles las agendas oficiales, a incorporarlos a los chats donde se transmite información oficial relevante del día o hasta ya no invitarlos a las conferencias de prensa. Es decir marginándolos, el objetivo como señale y documentan estudios internacionales, es aislarlo.
Como activista de la “Red Rompe El Miedo” de Artículo 19, he tomado nota de varios casos de compañeros a los que “altos funcionarios” de comunicación social del GEM, han lanzado campañas de intimidación telefónica directa con gritos, amenazas y sombrerazos; en otros llaman a sus superiores a las redacciones o a los propios directivos de periódicos o portales, o sus dueños incluso, para quejarse de “sus reporteros” y ponerlos en orden. Recuerden aquel chayo de por medio a directivos…
Prácticas similares, llegan a replicarse en ayuntamientos, sobre todo donde las áreas de comunicación social se dejaron en manos de comunicadores priístas de hueso colorado, los cuales continúan favoreciendo a sus cuates y marginando a los medios críticos, que paradójicamente, en muchos casos, empujaron los cambios de los que hoy se benefician, con denuncias, investigaciones o trabajos de fondo.
Por eso es importante que los mecanismos para transparentar los recursos que se destinan a comunicación social se extiendan a los estados del país de manera urgente y que estos dejen de utilizarse, para el chantaje o la coacción, a favor de políticas de comunicación que en el fondo no buscan aportar un servicio a los ciudadanos, sino favorecer electoralmente la imagen de los políticos en turno.
Los criterios para distribuir los recursos públicos destinados a promocionar los programas gubernamentales deben definirse a partir de las audiencias, perfiles, penetración y calidad periodística de los medios, su honradez informativa y honestidad ética, y no las filias y fobias políticas de los jefes de prensa o por consigna directa del gobierno de Alfredo del Mazo.
Es por ello en parte, que en Edomex los “usos y costumbres del chayo” y la discrecionalidad publicitaria, han enriquecido medios y seudoperiodistas que no aportan gran cosa a la sociedad y cuyos medios se han convertido en vitrinas aburridas y sin audiencias, que replican hasta el cansancio los boletines oficiales.
Muchos, muchos pendientes tiene el Congreso Local en este tema, si de verdad quieren los legisladores marcar un cambio, porque no solo a los políticos, sino a todos, y cuando digo a todos es “todos”, nos convienen medios libres y democráticos.
Hasta la próxima.